El proceso electoral que vivimos de manera intensa en lo local para renovar presidencias municipales, diputaciones y gubernatura, así como en lo federal para integrar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, está siendo fuertemente impugnado ante los órganos judiciales estatales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ello se evidencia de la estadística del Tribunal Federal, el cual ya se ha pronunciado, al menos dos ocasiones, en temas que impactan al proceso local. Lo que indica que la tarea legislativa local, no estuvo muy bien hecha, dado que han sido interpretaciones directas a la teleología constitucional.

Por otro lado, si bien es cierto, la organización electoral corresponde a las autoridades administrativas en la especie al IEEQ y al INE. Hemos visto que el modelo está agotado y que los partidos políticos dan verdaderas batallas en cualquier tema y bajo cualquier pretexto. En el INE, la constante ha sido la excesiva politización de las posturas de algunos consejeros y por ende, el acuerdo y la negociación para traerlos a la mesa de sesiones. En mi punto de vista, la autoridad no puede ser rehén de los partidos. Lo mejor que puede pasar en un sistema democrático es tener a un árbitro fuerte, lo que implica también un compromiso de éste último.

Soy un partidario de la judicialización del proceso electoral, pues lo aleja de la lógica de la negociación política para implantar reglas y principios jurídicos, lo cual es sano bajo cualquier óptica que se pretenda observar. Recordemos que, en este proceso existe una sobrerregulación en diversas materias: electoral, fiscalización y penal, a través de marcos normativos distintos y en los diferentes niveles de aplicación local y federal.

Mi preocupación radica en la descalificación de los partidos hacia las autoridades. Efectivamente, las instituciones, como todo, son perfectibles, pero se debe tener un voto de confianza hacia ellas. En realidad hacer “trampa” a la vieja usanza no es tan fácil, o al menos los métodos no deberán ser los convencionales, pues una misma conducta puede dar lugar a varias sanciones como responsabilidad administrativa que deriva en una multa, responsabilidad penal y responsabilidad electoral máxima: nulidad de elección, por lo que se debe ser particularmente cuidadosos, no solamente los partidos y candidatos, sino las propias autoridades. No se puede ser juez y parte, en todo caso los ciudadanos debemos evitar y denunciar una conducta así.

En la etapa actual del proceso electoral local, del 27 al 31 de marzo se deberán registrar, entre otros cargos, los candidatos a gobernador del estado, lo que le implica una importancia mayúscula a nuestra elección local, de ahí que las autoridades deban hacerse respetar y a su vez, respetar a las fuerzas políticas, no con falacias ad hominem sino con argumentos contundentes.

La última palabra en el tema de la renovación de la gubernatura, en el caso de que se judicialice; es decir, que el porcentaje entre el primero y segundo lugar sea menor al 5% o se rebasen los topes de gastos de campaña o precampaña, estará en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su Sala Superior, integrada por siete magistrados con diferentes formas de pensar y actuar jurisdiccionalmente.

Además de todo, atienden a la lógica de la interpretación constitucional, es decir, la confrontación del acto del proceso contra la finalidad constitucional, por lo que es difícil engañar a dichos juzgadores, así que no nos dejemos sorprender con ideas que no prosperarían en la instancia federal, toda vez que, si bien como se dijo, hay una serie de reglas nuevas en esta elección, también es cierto que el Tribunal tiene líneas jurisprudenciales muy definidas.

Un proceso en el que han existido irregularidades acreditadas o no, en sede administrativa o jurisdiccional local puede traer consecuencias negativas para cualquiera de los actores, amén de la responsabilidad para las autoridades, por lo que es conveniente que no se apueste al error, sino que se blinde el proceso local en aras de seguir contando con una participación ciudadana alta y que, nuevamente, seamos ejemplo nacional de conductas electorales apegadas a la civilidad y al derecho. Querétaro siempre ha dado muestras de que las diferencias las resolvemos de manera pacífica y en las urnas. En esta ocasión no tiene por qué ser diferente.

Doctor en derecho por la Universidad Panamericana y especialista en justicia electoral. @cdlocobos