Primero las acciones. El 8 de marzo, todos los partidos políticos nacionales se comprometieron a propiciar un proceso electoral libre de violencia política, estereotipos sexistas y actos que denigren a las mujeres y a imponer sanciones que garanticen la reparación del daño. El 2 de mayo, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, inauguró la Defensoría en Casos de Paridad y Violencia Política contra las Mujeres por Razones de Género, primera de su tipo en América Latina. La nueva Defensoría brindará asesoría legal y acompañamiento gratuito a mujeres que sufran violencia política de género tanto a quienes aspiran a un cargo público o a las que ya ejercen un cargo dentro de la función pública.
Estas acciones para la protección, respeto y garantía de los derechos político-electorales de las mujeres (que surgen cuando México se acerca a que por primera vez una mujer ocupe la presidencia del país) responden a la exigencia incansable de las organizaciones feministas, frente al incremento constante de casos de violencia en contra de las mujeres.
Ahora las omisiones. En un ambiente político enrarecido, caracterizado por actos de ilegalidad en materia electoral y a menos de treinta días de las elecciones, es preocupante que áreas estratégicas del INE sigan a cargo de personas encargadas de despacho.
Por otro lado el Senado de la República omitió nombrar a las dos magistraturas faltantes para integrar la totalidad de la Sala Superior del TEPJ, lo que sin duda representa una de las crisis constitucionales más grave de la historia de México. En palabras de la magistrada Janine Otálora, "el Senado decidió violar, de manera descarada la Constitución política."
Debería indignarnos el burdo sometimiento de las y los Senadores que acataron la instrucción del Presidente de México de no realizar los nombramientos de magistraturas tanto como los constantes ataques del Ejecutivo contra del TEPJF, algo nunca antes visto y que agrava el contexto de violencia política.
Finalmente las preocupaciones. En lo que va del año se han registrado graves ataques contra candidatos, candidatas y sus familias; a 26 aspirantes les han arrebatado la vida y en los últimos días 200 mujeres zacatecanas renunciaron a participar en la contienda.
De acuerdo con el informe "Votar entre Balas" de Data Cívica, entre enero del 2018 y abril del 2024, se denunciaron mil 818 asesinatos, ataques y secuestros de militantes de diversos partidos políticos e integrantes del funcionariado, todas perpetradas por grupos de la delincuencia organizada. Esas cifras no incluyen las agresiones, ataques y asesinatos de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos que realizan una labor de naturaleza política.
Falta un mes para las elecciones más grandes de la historia y México no parece estar preparado.
Titular de Aliadas Incidencia
Estratégica e integrante de la
Red Nacional de Alertistas.
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