La falta de una política pública a nivel nacional para limitar los incentivos que ofrecen los estados para atraer inversión extranjera ocasionó el desacuerdo entre KIA Motors México y el gobierno de Nuevo León, señalan especialistas de la industria.
Ello llevó a que la administración del ex gobernador Rodrigo Medina se comprometiera a realizar obras de infraestructura y otorgar incentivos fiscales por 11 mil millones de pesos (mdp), monto que equivale a 28% de la inversión total de KIA y sus proveedores, por 2 mil 500 millones de dólares (mdd), para instalarse en el municipio de Pesquería.
Sin embargo, la Ley de Fomento a la Inversión y el Empleo en Nuevo León permite dar apoyos por un máximo de 5% del total de la inversión.
Mauricio Kuri, analista automotriz y catedrático del Tecnológico de Monterrey, dijo que en el sexenio de Felipe Calderón se trató de obligar a los estados a no dar más incentivos de los que negociaran las armadoras con el Gobierno federal, a través de los lineamientos para la promoción de inversiones de ProMéxico. Sin embargo, nunca se llegó a ese acuerdo.
El secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León, Gregorio Canales, dijo que de los 11 mil mdp en incentivos, 3 mil mdp ya fueron aportados por el Gobierno Federal y el resto los tiene que aportar el gobierno estatal, por lo que están en negociaciones con la armadora para aligerar el monto.
“Todavía faltarían unos 2 mil 500 mdp que pondría el Gobierno federal, que ya están autorizados en el Presupuesto 2016. En total, serían 5 mil 500 mdp del Gobierno federal, y estamos tratando de que haya más”, expuso.El gobierno estatal quiere bajar a 4 mil 950 mdp los incentivos para KIA, el equivalente a 10 o 12% del monto total de la inversión, como ocurrió con la planta de Mazda en Guanajuato.
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La llegada de inversiones foráneas podría correr riesgo de presentarse más casos en los que se ofrezcan incentivos que no puedan cumplirse a consecuencia de un cambio de gobierno, sobre todo porque los diferendos trascienden fronteras, opinó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón.
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