Durante la última semana el gobierno mexicano realizó dos anuncios importantes, el primero respecto a la inversión que se planea realizar para el desarrollo de la infraestructura y el segundo en referencia a las modificaciones secundarias en materia energética.
Un primer análisis permite destacar que en realidad son dos caras de una misma moneda, al menos en una proporción significativa. De los 7.7 billones que se estima se invertirán en infraestructura en el resto del sexenio, casi la mitad corresponden al sector energético. Por tanto el éxito de ambas estrategias se encuentra estrechamente vinculado.
Un segundo aspecto se refiere a los recursos financieros, básicamente se debe garantizar una estrecha cooperación entre el sector público y el privado, no hay otra manera de que en un periodo de tiempo tan corto el gobierno pueda acumular tal cantidad de dinero.
En este sentido por ello la Reforma Energética contempla la apertura al sector privado, el cual tiene un profundo interés en participar en la generación de energía eléctrica y en la explotación y procesamiento de los yacimientos petroleros y de gas. En este último punto lo delicado radicará en los contratos y el diseño fiscal que se realice alrededor de los distintos proyectos. De acuerdo a connotados economistas, como Joseph Stiglitz, la mayor parte de los fracasos de las privatizaciones energéticas han sido por la debilidad de las instituciones públicas y de los contratos que se han elaborado. Si bien en el caso de México el proceso no es una privatización, lo anterior si será un punto que se deba atender, a fin de certificar que la regulación fiscal y técnica sea la adecuada.
Garantizar la propiedad y rectoría del Estado sobre el sector energético es tan importante como el de asegurar que los ingresos fiscales no se vean afectados, de otra manera no se contará con los recursos suficientes para las obras de infraestructura que se desean implementar. De igual manera pesa una responsabilidad importante sobre el poder legislativo, la regulación no debe inhibir los flujos de inversión que se estima llegarán por la reforma, de ello depende el programa de infraestructura presentado por el gobierno federal. Aquí radica parte de la complejidad de la ecuación, establecer un justo medio en donde las instituciones y el marco jurídico jueguen a favor del Estado y los mexicanos dando certeza e incentivos a la inversión privada.
Sin lugar a dudas que aquí se juega una parte del proyecto del sexenio, la administración actual considera que la Reforma Energética propiciará un mayor crecimiento económico que el normalmente relacionado al ciclo de Estados Unidos. Por lo mismo deberá garantizarse que los contratos y la regulación fiscal vayan en esa línea.
Un aspecto adicional es que las reformas secundarias deberán propiciar el desarrollo del aparato productivo, particularmente del industrial. De poco servirá un mayor gasto de infraestructura y una modificación en materia energética si ello no redunda en menores precios de los energéticos y sus derivados. En este último punto, el desafío es que se promueva el fortalecimiento de la industria nacional encargada del procesamiento del petróleo y gas, de otra manera se corre el riesgo de que los mismos se vayan a la exportación para después regresar en forma de importaciones, y en donde los beneficios finales se quedan en terceros países.
En los próximos días el debate en torno a la reforma energética se intensificará, el aspecto relevante es que al final se construya un marco jurídico y normativo que proporcione beneficios reales a México. Como Stiglitz menciona en sus investigaciones, se debe aprender de los errores cometidos en otras naciones para evitar que una oportunidad se convierta en un obstáculo, lo que ocurre cuando solo se observa el corto plazo. Los legisladores y el poder ejecutivo tendrán la última palabra.
Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.
