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El Congreso de la Unión debe hacer modificaciones para que no se caiga en terrorismo fiscal en torno a la reforma que castiga la defraudación fiscal (vía facturas falsas) o con la Ley de Extinción de Dominio, indicó el gobernador Francisco Domínguez Servién.
El mandatario expresó que una mala aplicación desincentivará aún más la inversión, que durante este año han caído a nivel nacional en comparación con los resultados de años anteriores.
El pasado 10 de septiembre, en el Senado de la República se aprobaron reformas que tipifican como delincuencia organizada la defraudación fiscal, además de las que buscan combatir a las empresas fantasma y la compra-venta de facturas falsas.
En consideración de los Senadores de oposición, esto puede ser perjudicial para los empresarios que pudieran ser perseguidos por el acto de un tercero, poniéndolos en riesgo de ir a la cárcel por un delito no cometido.
“La autoridad tiene todo el derecho de hacer procesos, inclusive penales, para quien tenga empresas fantasma o empresas apócrifas, pero aquí lo grave es que puede haber un empresario de buena fe, engañado por un tercero, y su proceso lo tendrá que pasar dentro de la cárcel, esa es la presión que a muchos empresarios no les gusta”, dijo el gobernador.
Domínguez Servién pidió a los legisladores federales escuchar a los empresarios, que organicen foros o mesas de diálogo para encontrar las soluciones que permitan combatir esos delitos, pero sin poner en riesgo a empresarios inocentes.
“Ya pasó en el Senado, falta la Cámara de Diputados y ojalá que escuchen, que se hagan foros con los diferentes empresarios que podrían verse afectados y si de por sí está desacelerada la economía todavía le pone un freno”.
Igual que con la Ley de Extinción de Dominio existe el riesgo de caer en prácticas que pudieran ser interpretadas como terrorismo fiscal y con ello abonar a la incertidumbre que ha prevalecido durante este 2019 en el país y que ha tenido como consecuencia una baja inversión y una contracción en el crecimiento económico y la generación de empleo.
“Se tiene que dejar con toda claridad en el Congreso de la Unión que estas no son herramientas para el terrorismo fiscal”, reiteró.
