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El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso local, Luis Bernardo Nava Guerrero, informó que aún no se han proporcionado datos de que existan casos de lavado de dinero en la entidad.
A pesar de que la ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el estado de Querétaro y del Código Penal en la entidad —la cual se refiere a la detección y erradicación del ilícito de lavado de dinero— fue publicada en diciembre de 2012, aún no se tiene conocimiento sobre la detección de algún asunto de este tipo.
Y es que con la reforma a la ley, se creó la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) con la finalidad de detectar cualquier manejo ilegal de recursos en empresas asentadas en la entidad, sin embargo el legislador dijo que el área encargada de detectar esta situación es la Secretaría de Finanzas, que no han dado a conocer ningún dato.
“Nosotros lo que aprobamos fue la posibilidad de que se conformara la Unidad de Inteligencia Patrimonial, que depende de la Secretaría de Finanzas del estado, es importante que la propia Secretaría de Finanzas nos pueda comentar acerca de las investigaciones y, en su caso, también la reforma prevé que si alguien está cometiendo algún delito de dinero se le puedan decomisar los bienes y el destino se pueda ir hacia el patrimonio y los proyectos y programas de gobierno del estado”.
Este ilícito se considera de delincuencia organizada, por lo que compete a la autoridad federal y de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), delegación Querétaro, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) es la responsable de canalizar las quejas que provengan del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre alguna sospecha de lavado de dinero.
La reforma constitucional aprobada en Querétaro, establece que se sancionará con 5 a 15 años de prisión y de mil a 5 mil días de multa a la persona que incurra en estas actividades delictivas.
