La titular del Tribunal de Responsabilidades Administrativas (TMRA) en el municipio de Querétaro, Berenice Sánchez Rubio, informó que en los últimos seis meses se iniciaron 113 procedimientos administrativos en contra de funcionarios, principalmente, porque no presentaron su declaración patrimonial.
Destacó que muchos servidores públicos desconocen varias obligaciones: “Puede ser olvido, desidia, falta de conocimiento. Los funcionarios son de diversas áreas, como de Seguridad Pública, la Secretaría general de Gobierno, el DIF”.
Las sanciones a las cuales se puede hacer acreedor algún funcionario que incurra en una anomalía a sus obligaciones, pueden ir desde una inhabilitación, destitución, reparación del daño —si hubiese un imperfecto a la Hacienda del municipio—, pero todo ello depende de la responsabilidad que se llegara a determinar.
Subrayó que el tiempo que dura cada uno de los procedimientos administrativos que se inician son variables, toda vez que dependen de los emplazamientos, pruebas y demás herramientas que se tengan para poder avalar dicho proceso.
“Es importante como Tribunal llevar a cabo una capacitación para algunos servidores públicos para hacerles saber sus obligaciones”, dijo.
Obligatoria, declaración patrimonial
A partir del 1 de octubre de 2012 y en los próximos 60 días posteriores, se informó que los funcionarios públicos tenían la obligación de realizar su declaración patrimonial, de acuerdo con el auditor superior de Fiscalización, Carlos Rentería Rivera.
Explicó que de no hacerlo en tiempo y forma, a los trabajadores del municipio de Querétaro, así como de las 18 demarcaciones, se les pondrá una sanción económica que va desde los 15 días a seis meses de su salario.
En ese entonces manifestó que los funcionarios públicos del municipio podían realizar dicho trámite hasta el 27 de octubre a través de la dirección electrónica http:// www2.queretaro.gob.mx/sitpat/mpal/, y hasta el 30 del mismo mes para hacerla de manera física en la Contraloría Estatal, ubicada en Luis Pasteur No. 5 interior 2, Col. Centro.
Los empleados obligados a realizar la declaración de bienes ante el gobierno estatal son todos aquellos que manejan recursos o materiales denominados como “públicos”, para controlar un buen manejo del dinero, además de los 106 funcionarios entrantes que tienen que dar a conocer su declaración patrimonial —con un periodo de 60 días que concluye a finales de noviembre—, agregó el auditor.
Sánchez Rubio destacó que otros procedimientos administrativos se han iniciado contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.
