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La iniciativa de Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada fue regresada al Poder Legislativo para solventar algunas inconsistencias jurídicas, constitucionales, conceptuales y para que la exposición de motivos sea más clara.
En entrevista, el subsecretario de Gobierno, Alfonso Jiménez Campos, explicó algunas de las observaciones que el Poder Ejecutivo hizo a la propuesta del diputado Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Alfonso Jiménez dijo que esta ley sí es necesaria para el estado para prevenir que queden impunes hechos que pudieran ser constitutivos de delitos. Afirmó que en la entidad se tiene conocimiento de algunos casos de desapariciones.
“Hay algunas cuestiones que consideramos son inconstitucionales en esta ley (…) se han dado algunos casos [de desapariciones] dos o tres que yo tenga conocimiento y por eso consideramos que la ley es necesaria para prevenir el delito, pero técnicamente que esté bien elaborada”.
Entre las observaciones está la ambigüedad para clasificar las conductas delictivas de la desaparición y que pudieran entrar dentro del concepto de secuestro, trata de personas o extravío.
Se está sugiriendo al Legislativo que se establezcan de forma categórica —con claridad y certeza— los tipos delictivos y la pena que se debe imponer con cada caso, ya que en la iniciativa hay muchas generalidades.
Otra observación es la necesidad de establecer con claridad cuál es el panorama en Querétaro respecto a las desapariciones.
