La Defensoría Estatal de los Derechos Humanos emitió un informe especial en materia electoral dirigido al Constituyente permanente, la Legislatura local y federal, así como a autoridades electorales a nivel nacional y del estado, esto derivado de que contravinieron los principios de certeza, legalidad, equidad y progresividad respecto al registro de las candidaturas independientes.

De acuerdo con Miguel Nava Alvarado, dicho informe derivó de la solicitud que en su momento, el pasado 11 de febrero, realizaron a la defensoría cuatro aspirantes a candidatos independientes: Rolando Augusto Ruiz Hernández, José Manuel Farca, Alicia Colchado y Alberto Marroquín.

Dichos ciudadanos solicitaron a la defensoría formular una opinión jurídica, con base en diferentes hechos relacionados a los requisitos para admitirles sus registros como candidatos independientes.

“Estos ciudadanos solicitaron a esta defensoría que manifestara su opinión jurídica sobre disposiciones legales probablemente violatorias de Derechos Humanos que regularon el pasado proceso electoral”, comentó.

Agregó que la defensoría se abocó a analizar los requisitos establecidos para el procedimiento de solicitud de registro como candidatos independientes en el proceso electoral 2014-2015 en el estado, así como a la Constitución Federal y legislación nacional y local, en las entidades federativas en donde se realizaron comicios.

El organismo autónomo, dentro de su “opinión jurídica”, señaló que las autoridades electorales vulneraron los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro persona en los que se cimientan los derechos fundamentales.

“Durante el proceso electoral, se materializaron condiciones de discriminación e inequidad, cuyo vicio de origen proviene del Constituyente permanente (…), en otras palabras, lo expuesto se traduce en que las leyes electorales secundarias conceden ventaja a candidaturas registradas por los partidos políticos con la exigencia de requisitos mínimos y a las y los ciudadanos que aspiran a participar, solamente se les reconoce una expectativa condicionada a requisitos extra constitucionales”, destacó.

En este sentido, la Defensoría a través de su ombudsman, Miguel Nava, exhortó al Constituyente permanente, a modificar el artículo 35, y así reconocer el derecho indivisible de ser votado como candidato independiente o militante de un partido.

Mientras que al Congreso de la Unión y a Legislaturas federales, los exhortó la dependencia a implementar una plataforma ciudadana democrática, publica, incluyente, similar a una asociación política, a fin de incluir la participación independiente.

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