Tras los distintos señalamientos en donde se ha relacionado a miembros del Partido Acción Nacional (PAN), con supuestos actos de corrupción, los diputados federales Ricardo Anaya Cortés y Marcos Aguilar Vega, llamaron a que cualquier situación comprobada sea sancionada y aseguraron que el partido no protegerá hechos ilícitos.
En entrevista, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, enfatizó en que debe sancionarse cualquier irregularidad del partido.
“Ese tipo de prácticas son absolutamente inaceptables, reprobables y cualquier persona que resulte involucrada debe ser sancionada y se debe aplicar todo el peso de la ley, sin importar el partido político en el que se milite” declaró el diputado.
Al ser cuestionado sobre el llamado que haría a su dirigencia y al ámbito político en estos supuestos actos, Anaya respondió que no deben existir juicios anticipados, pero llamó a no protegerlos de existir.
“Ni juicios anticipados ni encubrimiento, que la autoridad competente investigue a fondo y en los que haya pruebas que se sancione a los responsables, pero también no es justo que a alguien se le condene sin presentarse prueba alguna. Estos señalamientos no son exclusivos de un partido político, son temas que no debemos politizar”.
Por su parte, el legislador Marcos Aguilar insistió que hasta el momento no hay pruebas que testifiquen los supuestos señalamientos que se han hecho.
“Si existe algún medio de prueba que lo acredite, que lo denuncien ante la autoridad competente, de otra manera estamos lamentablemente confundiendo a la población y generando un mayor desprestigio a la figura de los representantes populares y eso no lo necesita el país”, aseveró Aguilar Vega.
Llamó a quienes realizan las sospechas, a dar información completa para que los sujetos vayan a declarar ante el ministerio público y no sólo se expresen dudas sin sustento.
Asimismo, detalló que hay confusión en el caso de Celaya, que respecta a la abogada Ingrid Palacios Trujillo, particular de un despacho jurídico contratado por el municipio, ya que según explicó Marcos Aguilar, el contrato de pago a cambio de gestiones no es ilegal, siempre y cuando esté permitido en la ley orgánica del municipio. Agregó que lo que se debe revisar es si Celaya contemplaba este contrato de particulares para las gestiones.
“Los municipios pueden contratar despachos privados que realicen esa actividad, a través de un contrato, ellos establecen una relación en el cual uno se compromete a gestionar y una vez otorgado el recurso ellos reciben un pago en función del número de recursos que recibieron, si es legal, éso no está vinculado al concepto de moche; me parece que hay una confusión” explicó.
Sin embargo, opinó que en estos casos debería de crearse un área en la administración como auxiliar para este tipo de procesos y así no contratar a un particular.
