El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) recibió de parte de seis de los 10 partidos con registro en el estado el escrito de solicitud para que se convoque a todas las fuerzas políticas a firmar el Acuerdo de Civilidad Política, documento que engloba nueve puntos que  evitarán  la guerra sucia en los procesos electorales de 2015.

Los partidos que signaron este documento fueron Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Nueva Alianza, Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social  y Partido Verde Ecologista de México.

Los seis partidos presentes solicitaron al órgano electoral ser el encargado de procesar dicha solicitud de Acuerdo de Civilidad y emitir las bases para su elaboración y firma.

El documento fue elaborado por estas fuerzas políticas tras varias reuniones de trabajo, siendo las dirigencias del PES y del PT las que se encargaron de estructurar  el escrito con la propuesta inicial, misma que fue enviada a los 10 partidos políticos.

Son  nueve  puntos que promueve el documento de acuerdo y que los partidos participantes se comprometen a cumplir: El primer punto, el abstenerse de proferir cualquier expresión que denigre a aspirantes, partidos políticos, personas e instituciones públicas en torno al proceso electoral 2014-2015.

Un segundo punto, promover entre los queretanos el ejercicio del sufragio,  pero no a través del uso de recursos públicos y programas sociales que lleven a la coacción del voto o promoción de la imagen personal.

Tres, que en los procesos internos que lleve a cabo cada partido político, sean  trabajos exclusivos de éstos y no  se involucren otras fuerzas políticas. Cuatro, que se propicie en la sociedad queretana mayor confianza en los partidos políticos.

Cinco, se exhorta a los activistas en redes sociales a utilizar información fiel y veraz en torno a los procesos electorales de 2015. Seis, que los partidos políticos respeten las reglas de la competencia electoral y que se reconozca al IEEQ, al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral como las únicas autoridades para conducir el proceso electoral.

Siete, que los poderes del estado no intervengan en el proceso electoral. Ocho, que los actores políticos respeten la ley con legalidad y con voluntad ciudadana, y nueve, que se fomente la democracia participativa y la práctica de la ética política.

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