El restaurante La Carreta del Pacífico, en la colonia Milenio III, operaba bajo una licencia provisional expedida por el municipio de Querétaro, señaló el secretario de Gobierno capitalino, Manuel Velázquez Pegueros.

“Nosotros ya habíamos hecho una intervención hace algunos meses para que cumpliera con los requisitos, tenía un convenio suscrito con el municipio. Todos los establecimientos deben cumplir, momento a momento, con los documentos que deben tener, estábamos en el proceso de que sacará la licencia, era el convenio que teníamos”, comentó.

Reiteró que el negocio ubicado en la colonia Milenio III fue el único inspeccionado por el municipio de Querétaro, pues la otra filial, ubicada en El Pueblito, forma parte de la demarcación de Corregidora.

Las dos sucursales de La Carreta del Pacífico fueron clausuradas la semana pasada por el personal de gobierno del estado, pues no cumplía con los lineamientos de Protección Civil y tampoco tenía permiso para vender bebidas alcohólicas.

Según lo señalado por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el lugar tampoco contaba con detector de metales, puertas de emergencia ni extinguidores, lo que ponía en constante riesgo a los consumidores.

Decisión estatal. El viernes pasado, Juan Martín Granados Torres, secretario del Gobierno estatal, explicó a EL UNIVERSAL Querétaro que la clausura de ambos negocios forma parte del Operativo de Supervisión a Centros Nocturnos y de Entretenimiento que desde hace meses se realiza en la entidad, por lo que responde a actividades de orden administrativo y “no tiene que ver con la investigación de un delito, ya sea por autoridades locales o por autoridades fuera del estado, federales o estatales”.

Mencionó que durante el cateo de los restaurantes no se identificó algún objeto o sustancia ilegal, pues si la clausura hubiera ocurrido por actividades de narcomenudeo o lavado de dinero sería la Fiscalía estatal o la PGR quienes hubieran intervenido.

A nivel nacional esta cadena de restaurantes ha sido ligada con el delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, quien fue acusado de mantener vínculos con grupos criminales.

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