Después de los padres padrinos, de los padres maestros y, como complemento importantísimo en la formación de los educandos, los maestros, es muy importante la evaluación que se debe realizar por del quehacer cotidiano de los profesores, tanto para su ingreso como para su permanencia en la importantísima labor que realizan, por lo que elevar a rango constitucional la evaluación es de principal importancia.
En días pasados, producto del Pacto por México que fue firmado por el titular del Poder Ejecutivo federal y los tres principales institutos políticos; el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley para reformar los artículos 3 y 73 de la Constitución.
En el artículo tercero constitucional a reformar se propone establecer las bases de creación de un servicio profesional docente que esté integrado por concursos de oposición, para el ingreso, promoción y permanencia de la educación básica y media superior que imparta el Estado, para lo cual se propone que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se constituya como organismo público autónomo y sea quien realice dicha evaluación.
En el mismo texto se le dota al INEE de referencia de facultades para diseñar y realizar las mediciones de los componentes, procesos y resultados del sistema, así como para emitir lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federales y locales, para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden y generar directrices para el mejoramiento educativo y la equidad.
De vital importancia y con la adición que se realizó a la iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales, a propuesta de la diputación panista, fue que en los planes y programas de estudio de la educación se considere la opinión de los padres de familia, depositarios primigenios de la educación inicial de los educandos por parte del Estado.
Por lo que respecta al artículo 73 se hace una adición tendiente a facultar al legislador federal para expedir las normas que aseguren el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad.
Desde luego, dicha reforma es insuficiente para establecer todas las mejoras que deben darse en el campo educativo; sin embargo en ella se retoman demandas históricas del PAN como es que a los padres de familia se nos incluya con nuestra opinión en la construcción y reconstrucción de los planes y programas educativos, ya que nosotros somos los depositarios de la educación de nuestros hijos.
Asimismo fueron los gobiernos panistas quienes en el año 2002 crearon el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa que fue el ente valuador del sistema nacional educativo y en el año 2012 el expresidente Felipe Calderón Hinojosa lo dotó de autonomía como órgano descentralizado y encargado de aplicar la evaluación universal para los docentes. Ahora se ha dado un paso substancial para elevar a rango constitucional la autonomía de dicho organismo y todas las aplicaciones que fueron impulsadas por los panistas.
A la espera de que sean aprobadas por el senado y los congresos locales, su aplicación corresponderá al Ejecutivo federal, quien tendrá instrumentos constitucionales para enfrentar las reticencias a la transparencia y evaluación, principalmente por parte de la denominada Coordinadora Nacional de la Educación que tanto mal ha causado en estados como Oaxaca, Guerrero, Morelos y Michoacán.
Se ha cuestionado que el trámite realizado en la Cámara de Diputados ha sido express y sin embargo lo planteado en la reforma ya se ha venido realizando por lo que no es una novedad, lo que contiene la iniciativa mejorada y lo trascendente es la elevación a rango constitucional tanto del Instituto como sus tareas.
Consejero y diputado federal del PAN
