La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido más de 700 cambios en su poco más de un siglo de historia. Esto significa que prácticamente todos los artículos del texto original han sufrido algún tipo de reforma. Uno de los pocos artículos que no ha recibido modificación alguna es el artículo 129, que a la letra dice:

“En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.”

La claridad de este artículo obliga a una interpretación restrictiva del mismo. Si no hay una declaración formal de guerra —conforme al artículo 89 fracción octava de la Constitución—  o no se actualizan los supuestos del artículo 29 de la Carta Magna, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

La propuesta esbozada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de crear una Guardia Nacional de carácter militar, va totalmente en contra del espíritu del constituyente de 1917, y de uno de los artículos constitucionales que ha pervivido hasta nuestros días inalterado, por su trascendencia en el espíritu republicano que distingue al Estado mexicano.

Si bien es cierto que al día de hoy no existen en nuestro país las condiciones idóneas para que las fuerzas militares retornen de inmediato a los cuarteles y dejen de prestar servicios en materia de seguridad, también es cierto que institucionalizar la militarización de la seguridad y, por lo tanto, del país, —como lo propone el presidente electo— es poner en riesgo los fundamentos de nuestra democracia.

Perder totalmente el carácter civil de la seguridad, es sepultar la esperanza en el pueblo mexicano. Pensar que no es posible formar cuerpos de policías capaces de ejercer con lealtad y honor su cargo, es no confiar en nuestra gente y nuestro futuro. Es cierto que este es un trabajo a largo plazo, pero es el único esfuerzo que nos va a garantizar un México seguro y en paz.

Los países que han militarizado su seguridad, como Brasil, han visto como los números de homicidios aumentan, como el respeto a los derechos humanos disminuye, y como se deteriora, de forma gradual y constante, el tejido social.

Múltiples organismos internacionales han levantado la voz contra la creciente militarización de la seguridad en América Latina, y ahora lo vuelven a hacer ante la propuesta de la nueva administración. Ese no es el camino hacia un Estado constitucional de derecho, sino todo lo contrario: es el camino hacia un régimen restrictivo, vertical y antidemocrático.

Es momento de pensar qué clase de México queremos construir. Queremos un México de leyes, constitucional, cívico y respetuoso de los derechos humanos, donde los militares hacen lo que deben hacer y para lo que fueron entrenados: defender la soberanía nacional. O queremos un México castrense, donde abandonamos toda esperanza de una seguridad civil, donde se minan las libertades, y donde nos olvidamos del espíritu que dio vida a la constitución promulgada en Querétaro el 5 de febrero de 1917.