Por instrucciones del presidente López Obrador los legisladores —diputados federales y senadores— de Morena y sus rémoras aprobaron reformas a la Ley de Amparo para evitar que leyes ordenadas por el mismo Presidente u obras públicas en ejecución y que él, pleno de soberbia considera son perfectas y maravillosas, sean suspendidas cuando en realidad violentan los derechos humanos de la población.

Recordemos que el “Juicio de Amparo” es una herramienta jurídica con la que contamos los mexicanos para protegernos de los abusos e incompetencias de los gobernantes. Es decir, cuando el ciudadano siente que el gobernante violenta sus derechos humanos ya sea mediante una ley, un acto o una omisión puede solicitar a un juez que determine si sus derechos son o no violentados. Si el juez considera que hay suficientes indicios de que los derechos del ciudadano son violentados puede ordenar que la ley o el acto se suspendan en tanto estudia con mayor detenimiento el caso y emite una decisión definitiva —sentencia—.

Tradicionalmente dicha suspensión solo se otorgaba a la persona que se amparaba y no a todas las demás personas que también pudieran ser afectadas por la aplicación de la ley o por la acción del gobierno. En otras palabras, si la persona no presentaba y ganaba su propio “amparo” los beneficios logrados por otros no le aplicaban (principio de relatividad de las sentencias). Afortunadamente dicho principio de relatividad se modificó en 2011 y se abrió la posibilidad de que cuando se considere que la ley o la acción del gobierno violenta los derechos de la comunidad la suspensión tenga “efectos generales” es decir que proteja los derechos de la colectividad y no solo los de la persona que presento el amparo. Con ello México dio un gran paso en materia de justicia ya que puso al alcance de millones de mexicanos los beneficios del juicio de amparo —léase la protección de sus derechos humanos— que de otra manera difícilmente lograrían.

Por lo anterior lo aprobado por Morena es un gravísimo retroceso ya que ahora obligará a que quien sienta que sus derechos humanos han sido violentados a presentar, y pagar, su propio amparo. Ello significa que quien no tenga el dinero o la iniciativa de recurrir a un abogado que le elabore y presente el amparo simplemente vera sus derechos humanos violentados impunemente aún y cuando ya haya quedado demostrado que la ley o la acción de gobierno efectivamente son violatorios de los derechos humanos.

Así la soberbia presidencial, con tal de que un juez “no le corrija la plana” restringe la protección de los derechos humanos de la población, sobre todo de los más pobres. Si, ahora dolorosamente la justicia existirá solo para quien pueda pagarla.

Fuente de los Deseos: Ojalá que los mexicanos, sobre todo los que menos tienen, se den cuenta del terrible retroceso en materia de impartición de justicia que la soberbia presidencial nos acaba de infringir.