Justo apenas la semana pasada en este espacio escribimos sobre cómo en Querétaro el sistema judicial está lleno de prejuicios contra las minorías y grupos vulnerables —tal como lo definió en su análisis la secretaria de Estado del gobierno norteamericano—, donde toma el caso de las mujeres indígenas Jacinta Francisco Marcial, Teresa González y Alberta Alcántara que estuvieron presas varios años después de un juicio donde no tuvieron las garantías mínimas ni el apoyo de la institución estatal encargada de defender los derechos humanos; fue hasta que organismos nacionales intervinieron cuando pudieron tener acceso a la justicia.
Concluimos dicho artículo así: “Y la semana pasada, Jacinta Francisco Marcial denunció en una carta pública que Verónica Sánchez Gutiérrez, delegada en Santiago Mexquititlán, la había discriminado y amenazado, a quien, además, responsabiliza por cualquier daño que pueda sufrir ella o su familia. Nuevamente por un problema de comercio local, salen a relucir las amenazas e injusticias contra los grupos más vulnerables de esta nación. No hemos avanzado nada en más de una década en materia de derechos humanos.”
Y en menos de una semana, esos prejuicios arraigados en el criollismo queretano enquistado en los aparatos del poder político han vuelto a mostrar toda la raíz de su desprecio hacia las minorías y grupos vulnerables.
Ahora la Fiscalía General del Estado de Querétaro ha ordenado medidas cautelares de protección, pero no a favor de Jacinta Francisco Marcial sino destinadas a salvaguardar a quien es la delegada en Santiago Mexquititlán, Verónica Sánchez Gutiérrez, quien, en la versión de Jacinta, la discriminó y amenazó.
En el documento expedido el 20 de marzo dirigido a la ciudadana Jacinta Francisco se le ha prohibido realizar “conductas de intimidación o violencia” a la “víctima”, en este caso la delegada; además de brindarle a la delegada vigilancia policíaca en su domicilio.
Nuevamente, el aparato de justicia protegiéndose a sí mismo de la ciudadanía que reclama sus derechos porque se le advierte a la ciudadana que puede ser merecedora de un arresto hasta por 36 horas, esto de conformidad al artículo 104 del Código Nacional del Procedimientos Penales y firmado por la fiscal de investigación itinerante en Amealco de Bonfil.
¿Y qué dice la propia Jacinta Teresa Marcial? En declaraciones al semanario universitario Tribuna de Querétaro, dijo que todo empezó por un problema de asignación y cobro de espacios en el tianguis de la localidad.
“La gente se empezó a molestar y dijeron que ya no pagarían. El problema que yo tengo es que me metí para intentar solucionar el problema, de sentarnos y platicar y dialogar bien, pero como la delegada ya está con el fiscal ella lo puso y es su gente. Luego la delegada me empezó a insultar, a decirme de cosas. Me dijo: ‘Ah, tú, ¿quieres ir otra vez a la cárcel?’”, explicó.
Nuevamente, en una semana donde el tema en la agenda nacional e internacional fueron los abusos históricos que los Estados han cometido en contra de los pueblos originarios, en Querétaro en vez de mostrarse a la vanguardia muestra su criollismo discriminatorio anteponiendo la fuerza del Estado para acallar una voz que exigía justicia y pedía diálogo para solucionar ese conflicto local.
La semana pasada escribía que no habíamos avanzado nada en una década, debo corregir y decir que no hemos avanzado mucho en cinco siglos.
Periodista y sociólogo. @viloja
