La resolución de la Fiscalía General de la República (FGR), en la que exonera al general Salvador Cienfuegos Zepeda, y avalada por el ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, revela la capitulación de la 4T frente al poder militar y el entierro de la lucha contra la impunidad y la corrupción.

El comunicado de la FGR, puesto a disposición de la opinión pública, el 14 de enero pasado, en el que determina el “no ejercicio de la acción penal en favor del general Cienfuegos”, muestra un signo grave de la incapacidad del presidente para enfrentar al poder militar.

Del mismo modo que López Obrador afirma que la relación bilateral entre México y Estados Unidos debe basarse en la confianza para tener avances en cuanto a las acciones conjuntas que realizan sobre los temas de seguridad, migración y economía, lo mismo tendría que plantear en su relación con la ciudadanía. Imposible confiar en un gobierno que exonera a un personaje acusado por la fiscalía de Estados Unidos de conspiración de manufactura, distribución e importación de drogas ilícitas y por lavado de dinero. A lo que se suma, por decir lo menos, la acusación de diferentes organizaciones de la sociedad civil de entorpecer las investigaciones en el caso de Ayotzinapa y Tlatlaya.

Anunciar, simplemente, que el gobierno federal avala la resolución de la FGR en el caso Cienfuegos, es un insulto y una falta de respeto hacia la ciudadanía. No ofrecer ningún argumento y dar “carpetazo” a un hecho de esta gravedad, muestra el abandono de las promesas de Andrés Manuel López Obrador a más de 30 millones de personas, de luchar por la erradicación de la corrupción y la impunidad.

Nunca antes, las gestiones diplomáticas del gobierno mexicano mostraron la capacidad de resolución frente al gobierno de Estados Unidos, como lo hicieron para exigir la desestimación de cargos y la extradición del general Cienfuegos. Lamentablemente, no se utilizó la misma fuerza y habilidad para aplicar la justicia sobre este caso en el territorio nacional. Por el contrario, solamente sirvió para justificar los niveles de impunidad de las instituciones “aliadas” al presidente.

La decisión de la FGR constituye un golpe mortal al discurso anticorrupción abanderado por el ejecutivo federal. Socavó la credibilidad en el actual gobierno y evidenció que mientras la seguridad en México se deteriora, el poder de las fuerzas militares crece. Cuestión que debe someterse al escrutinio público con urgencia.

Frente a este desolador escenario, simplemente diré, como apuntan Levitski y Ziblatt en su conocido texto, Cómo mueren las democracias, que la democracia no solo sufre o termina por un golpe violento. A menudo lo que ocurre es un proceso paulatino de degradación. La exoneración de Cienfuegos por parte de la FGR, con el aval del ejecutivo, representa un acto crucial de degeneración para la imberbe democracia mexicana. A partir de ahora, López Obrador tendría que sumar a la “mafia del poder” a un nuevo grupo. Se trata de una fuerza que pone de rodillas a la Cuarta Transformación.