La creación de un organismo hídrico conformado por ciudadanía, instituciones y ámbitos de gobierno es una de las modificaciones realizadas a la Ley de Aguas del estado de Querétaro, con la cual se prevé regresar la rectoría de las decisiones hídricas al estado, aseveró el titular del Observatorio Ciudadano de Protección Ambiental, Enrique Uribarren Castro.
“El pasado miércoles terminamos la revisión de la Ley de Aguas del estado de Querétaro, se revisaron los 275 artículos que contemplaba la iniciativa, se hicieron varias modificaciones. Una de las más importantes es la creación de una autoridad hídrica estatal que estaría conformada por diversas instituciones y diversos ámbitos de gobierno y la misma ciudadanía”, puntualizó.
Uribarren Castro explicó que la función de la autoridad hídrica será recobrar la rectoría del gobierno estatal en materia de planeación y ejecución de políticas públicas en el tema de agua.
Añadió que uno de los elementos que forma parte de dicha autoridad es la Comisión Estatal de Aguas (CEA), pero sólo como uno de los elementos que la conforman y se le da el carácter pleno de organismo operador.
Agregó que la autoridad hídrica podrá determina la dotación de agua, la cual sea equiparable al consumo de cada hogar: “Se debe disminuir de 200 a 180 litros diarios, quien tiene que dotar la cantidad de agua es la CEA y también considerarlo como lo hace la CFE en el establecimiento de segmentos”.
Detalló que deberán ser respetados los segmentos de consumo, para así hacer más consciente a la ciudadanía del gasto desmedido del líquido.
“Es decir, si te pasas de tal número de consumo, ya eres otro estatus y otra tarifa, nosotros garantizaríamos para cinco personas 180 litros y si me excedo en el consumo, el precio tiene que ser mayor”, especificó.
Además de dotar al gobierno del estado de la planeación hídrica, otro aspecto que destacó Uribarren Castro fue quitar cualquier intento de privatizar el suministro de agua potable en la entidad.
El objetivo de la Ley de Aguas en la entidad es tener un marco normativo con el que se permita el desarrollo sostenible y sustentable en el estado, además de procurar un acceso equitativo al agua.
