Luego de más de 30 mesas de trabajo, la Comisión de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático aprobó la iniciativa de Ley de Agua del Estado de Querétaro con la cual se crearán tres nuevas dependencias.

Al respecto, la presidenta de dicho órgano legislativo, Yolanda Rodríguez Otero, sostuvo que con el dictamen votado se salda una deuda de 28 años que se tiene con el estado y con el medio ambiente.

De acuerdo con el documento aprobado, esta normativa tiene como objetivo el establecer las bases de la planeación y programación del recurso para señalar las reglas para administrar las aguas de jurisdicción estatal; definir bases claras y objetivas para la prestación de los servicios; así como delimitar las competencias del estado, los municipios y sus organismos descentralizados.

También determinar las reglas de recuperación del costo de los servicios y obras hidráulicas; y promover y fijar las bases de participación de los sectores social y privado.

La primera dependencia que se estaría creando con la ley referida sería la Autoridad del Agua del Estado que dependerá directamente del gobernador y “respetará las atribuciones y facultades inherentes al Poder Ejecutivo Federal y a la administración pública federal en materia de agua”.

Las otras dos dependencias son el Consejo del Agua del Estado y el Consejo Técnico Estatal del Agua, que se constituirán como órganos colegiados que podrán emitir opinión política, social, económica y ambiental en materia hídrica, así como de expresar criterios de evaluación del funcionamiento del sector agua.

“Estos consejos no tendrán estructura orgánica ni administrativa, y su existencia será exclusivamente cuando sesione”, explicaron los legisladores.

Para conformar este dictamen se realizaron 32 mesas de trabajo, en las cuales participaron la CEA, Conagua, JAPAM, Sedea, Sedesu, Observatorio Ciudadano de Protección Ambiental, el Colegio de Ingenieros Civiles, la UAQ, el Centro Queretano de Recursos Naturales, Concyteq, el Consejo Técnico de Aguas del Acuífero de San Juan del Río, el Consejo de Concertación Ciudadana para el Mejoramiento Ambiental, así como asociaciones civiles y sociedad civil organizada.

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