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Querétaro es una de las entidades que más contratan seguridad privada para prevenir delitos como la extorsión, señala Grupo Eulen México, empresa especializada en seguridad.
José Juan López, director de seguridad de Eulen México, dijo que este año se prevé un aumento considerable en la contratación de seguridad privada derivado del aumento del 2.4% en delitos relacionados con armas de fuego y explosivos en el país.
Refiere que según el Informe de Seguridad emitido por la Secretaría de Seguridad Pública, en el país los incidentes delictivos de fuero común como el robo vehicular y a casa habitación reportaron una baja del 3.2% y 5.9%, respectivamente; mientras que los casos de extorsión (incluido el derecho de cobro de piso) fueron al alza, con un 22.6% respecto al mismo periodo de enero-abril del año pasado.
Aunado a ello, la Canaco, en su estudio “Seguridad en el comercio” reveló que durante el primer trimestre de 2022, el 21.1% de los comerciantes entrevistados fueron víctima de al menos un ilícito, es decir, un aumento de 2.6% respecto al trimestre anterior. Además, indicó que durante el mismo trimestre, el 11.9% de los empresarios entrevistados fue víctima de extorsión, lo que significa un aumento de 2.3%, respecto a octubre-diciembre 2021.
“El cobro de derecho de piso en el país ha traído como consecuencia un aumento considerable en la contratación de servicios privados, la Ciudad de México es una de las zonas del país en las que más se ha visto reflejado este fenómeno, seguida por los estados Querétaro, Quintana Roo y Guadalajara”, afirma José Juan López.
De acuerdo con información del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), en México trabajan alrededor de 6 mil empresas de seguridad privada, de las cuales, más de la mitad no están registradas y no cumplen con los requisitos básicos para poder desempeñar sus funciones.
“El principal riesgo que se corre es la falta de capacitación del personal, las empresas de seguridad privada debemos de garantizar que nuestros custodios [...] puedan desempeñar de manera efectiva la labor a la que se les ha sido asignados. No podemos poner el riesgo su seguridad, debemos de garantizar que se encuentren registrados ante la ley, que cuenten con experiencia y que no tengan antecedentes penales”, añadió López.
En marzo del año pasado se realizó la reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir la ley general en materia de Seguridad Privada donde se establezcan las reglas de coordinación entre los prestadores de servicios y las autoridades correspondientes de la Federación.
