La Fiscalía Anticorrupción de Querétaro informó que ha judicializado a 23 servidores públicos, cinco de ellos con sentencia, por cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y negociaciones ilícitas, principalmente.

Su titular, Benjamín Vargas Salazar, añadió que otros 12 asuntos se encuentran en trámite, aunque omitió dar detalles puesto que la investigación se encuentra en curso.

“Tenemos 23 servidores públicos que han sido judicializados, que han sido presentados ante las autoridades, ya hemos obtenido sentencias condenatorias, cinco personas ya tienen sentencia y obviamente hay otros [12] asuntos que están en trámite que, obviamente, se resolverán en los tiempos y los plazos legales”.

Vargas Salazar indicó que las personas judicializadas pertenecieron no solamente a pasadas administraciones, sino que también formaron parte de las presentes y son ex servidores, servidores y particulares.

“El delito que más se ha resuelto en los tribunales es el cohecho, el peculado, enriquecimiento ilícito y negociaciones ilícitas”.

En cuanto a los enjuiciados, indicó que los delitos más recurrentes han sido cohecho, peculado y negociaciones ilícitas, hechos por personas pertenecientes a administración pública estatal, municipal y particulares.

“No voy a entrar en detalle del nivel porque sería muy subjetivo decir primer nivel, segundo nivel, simplemente fueron personas”.

No somos un órgano inquisidor.

Sobre las últimas observaciones emitidas por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) correspondientes a 2017, el fiscal anticorrupción comentó que no pueden actuar sobre el reporte a menos que exista una denuncia formal por parte de cualquier ciudadano o instancia, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Si no nos llega una denuncia formal de un particular que sea responsable o de una institución, nosotros no tenemos posibilidades de actuación, es decir, nosotros no somos un órgano inquisidor, necesitamos de una denuncia para poder actuar, muchas veces se queda en tema de redes, que hubo observaciones, etcétera”

Sin embargo, hasta el momento la fiscalía anticorrupción no tiene ninguna denuncia derivada de alguna observación que haya emitido la ESFE.

Sobre el castigo que debe darse a la corrupción en el país, Vargas Salazar opinó que se debe aplicar el marco legal vigente, por lo menos mientras no se reforme o modifique la normativa.

arq

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