Con la finalidad de que las administraciones municipales y la estatal al final de su gestión tengan margen de tiempo para rendir cuentas de gobierno, se aprobó modificar las fechas del último informe para agosto.

En sesión de pleno, el Poder Legislativo aprobó esta modificación a la fracción 18 del artículo 17, la fracción 10 del 22 y el artículo 37 de la Constitución Política del Estado para que los informes de gestión del último año se realicen en agosto y no en septiembre ante los actos de cambio de las administraciones.

La modificación aplica para los informes que se tienen que rendir este 2021, y para cada año que toque cambio de gobierno estatal y municipales. La reforma también consideró que los informes no coincidan con las consultas ciudadanas que organiza el gobierno federal.

De esta manera, el informe del gobernador Francisco Domínguez estaría presentándose el 15 de agosto, ya que así lo estableció en la propuesta que mandó al Poder Legislativo.

Juicios políticos

En la reforma constitucional se incluye que se pueda llevar a juicio político a aquellos funcionarios que cometan actos u omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

A fin de realizar el juicio, se establecerá un sistema estatal conformado por un comité coordinador.

El juicio político se podrá efectuar contra magistrados de los tribunales del estado, los jueces del Poder Judicial, los secretarios, subsecretarios, oficial mayor y directores de la administración pública estatal, el fiscal General del Estado y los ministerios públicos.

El juicio político también se puede llevar contra el auditor superior, los comisionados integrantes de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro, los miembros de ayuntamientos y los directores generales o sus equivalentes en las entidades paraestatales y paramunicipales.

Paridad

En la Constitución se establece que los diputados deberán garantizar que exista paridad de género al momento de nombrar a titulares de órganos colegiados.

Corresponde a la Legislatura nombrar, al menos, a dos terceras partes de integrantes de la Legislatura, a magistrados del Tribunal Superior de Justicia, al presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, a los comisionados de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro; al auditor Superior del Estado, al fiscal General del Estado y a los demás servidores públicos que determine la ley.

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