Se ingresó a la 59 Legislatura del estado la iniciativa de Código Urbano, en la cual se trabaja desde 2018 con el propósito de generar un crecimiento ordenado y evitar que la población deba enfrentarse a problemas generados por una falta de planeación.
La priista Abigail Arredondo Ramos informó que la iniciativa contó con la firma de los diputados del PVEM, PES y PAN Jorge Herrera, Ricardo Caballero y Beatriz Marmolejo, respectivamente, quienes también han trabajado en iniciativas a favor del ordenamiento de la entidad.
Entre las modificaciones contenidas en la iniciativa se encuentran aquellas orientadas a disminuir el abandono de los procedimientos de urbanización y garantizar que los desarrollos cumplan con los procesos de entrega-recepción; entre éstas se encuentra que se permitirá la entrega por parcialidades, etapas o servicios, pero la venta total de lotes, o unidades privativas, se autorizará hasta la conclusión de las obras.
Las diferentes administraciones municipales retendrán un porcentaje de tierra que regresarán hasta comprobar el cumplimiento a favor de la ciudadanía.
También se indica que solamente deberá existir una asociación de condóminos por cada desarro-llo habitacional.
En mejora regulatoria, se establece que los trámites deberán realizarse por la vía digital, con lo que las autoridades municipales tendrán un expediente por cada desarrollo autorizado y una bitácora de avance de obra compartida, también digital, que permita la coordinación entre dependencias, entidades y el desarrollador.
Cualquier cambio a los programas tendrá que ser previamente consultado con la ciudadanía; se incluyen disposiciones de promoción a la vivienda, especialmente la de interés social, y se agrega un capítulo para priorizar el transporte no motorizado.
También se crean “figuras de financiamiento para la promoción del entorno urbano” y disposiciones para incentivar el uso de tecnologías ecológicas.
Asimismo, se establece la necesidad de contar con una evaluación de impacto urbano, además de que se crea la figura de “especialistas en gestión urbana”.
Por otra parte, será obligatorio realizar “juntas técnicas de análisis”, en las que deberán participar todas las dependencias con injerencia para la autorización de un proyecto u obra.
