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La activista Maricruz Ocampo denunció haber recibido intimidaciones y amenazas del director de Asuntos Religiosos de Querétaro Alan Ignacio Sánchez Gallardo.
Refirió que Sánchez Gallardo pidió por medio de Facebook que se expulse a la activista del estado, además de que califica a las feministas como “locas y fanáticas”.
Apunta que Sánchez Gallardo tiene dos muros en Facebook. En uno de ellos aparece en primera fila de la conferencia que se hizo semanas atrás llamada “Los Peligros de los Falsos Derechos”.
Asimismo, Ocampo Guerrero dijo que el funcionario tiene publicada en la red social una carta de la iglesia presbiteriana, donde afirma que la única autoridad que reconoce es la Biblia.
Por esta razón, señaló que cada vez es más frecuente encontrar a funcionarios públicos que anteponen sus opiniones y creencias personales a la ley y los tratados signados por México.
“Esto es preocupante porque los funcionarios públicos los vemos cada vez con más desfachatez o con más cinismo, que anteponen sus convicciones personales a la ley, a los tratados.
No estamos diciendo que no tengan derecho a practicar alguna religión, y tienen derecho a la libertad de expresión, pero también la libertad de expresión está limitada por la Constitución, y no sólo a los funcionarios, es a todas las personas. Un funcionario público tiene la obligación de respetar la Constitución, entonces cuando agrede lo que preocupa es que se tenga en puestos de decisión, donde la gente va a acudir a exigir el respeto a sus derechos humanos, personas que de entrada, por sus convicciones personales, los violentan. Quién les va a garantizar el respeto a sus derechos si los mismos funcionarios no son capaces de reconocer esos mismos derechos”, señaló.
El funcionario en cuestión comentó en uno de sus perfiles en Facebook una nota informativa donde Ocampo Guerrero opina sobre el matrimonio igualitario: “Deberían desterrar de Querétaro a esa Maricruz Ocampo, si no le gustan las leyes de esta bendita tierra ¡Que se vaya! Feministas locas, fanáticas y asesinas no queremos !!!!!” (sic), escribió. “
Yo quisiera que este señor me dé el número de carpeta de investigación o sentencia que se me dictó, o que me denuncie ante las leyes penales si él sabe que yo he privado de la vida a una persona, pues esa es su obligación como funcionario público, porque de otra manera me está generando un daño moral”, subrayó.
Añadió que lo preocupante es que los funcionarios, gente que está en puestos de toma de decisiones, están comprando este discurso racista, clasista, homofóbico, misógino y sexista que está siendo exportado de las cúpulas del poder de otros países, y lo están incorporando al discurso del gobierno mexicano, que no es la primera ocasión, pero ahora lo hacen con más descaro.
