La nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Querétaro entró en vigor este sábado, luego de su publicación en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, con lo que se sustituye la anterior Ley de Tránsito y se establecen nuevas disposiciones para quienes utilizan las calles y carreteras del estado.

Uno de los principales cambios es la jerarquía de movilidad, que coloca primero a peatones y personas con discapacidad, después a ciclistas, usuarios del transporte público y, al final, a los automóviles particulares. La intención es que las calles se diseñen y utilicen dando prioridad a quienes son más vulnerables.

La nueva legislación también establece reglas para los conductores; entre ellas, respetar los límites de velocidad, utilizar cinturón de seguridad, dar preferencia a los peatones en cruces y zonas escolares y evitar el uso del celular mientras se maneja.

En cuanto a las velocidades máximas, contempla 20 kilómetros por hora en zonas hospitalarias y determinados entornos escolares, 30 en calles secundarias, 50 en avenidas principales sin acceso controlado y 80 en carreteras estatales fuera de zonas urbanas.

Para motociclistas, se establece el uso obligatorio de casco certificado tanto para conductores como para pasajeros. Quienes trabajen en actividades de reparto también deberán utilizar equipo de protección, como rodilleras, coderas y prendas reflejantes.

Otra de las novedades es la licencia tipo E para conducir vehículos de movilidad personal, como scooters y bicicletas eléctricas que superen los 25 kilómetros por hora. Este documento tendrá una vigencia de hasta dos años.

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Al respecto, el gobernador Mauricio Kuri González señaló que la legislación busca mejorar la seguridad de todas las personas que utilizan las vialidades.

“Se busca más seguridad, más derechos para aquellos que están en un momento de movilidad, tanto en bicicletas como en peatones y por supuesto transporte”, expresó.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, destacó que la ley establece medidas para prevenir accidentes, proteger a los usuarios más vulnerables y mejorar la infraestructura.

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“Ahora, el siguiente paso es llevar esta legislación a la práctica, con planeación, coordinación, participación ciudadana y responsabilidad”, señaló.

La ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso local el 13 de noviembre y su publicación permite cumplir con la armonización de la legislación estatal con la normativa federal. Su aplicación requerirá también adecuaciones reglamentarias y coordinación entre el estado y los municipios.

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