La Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado, en un periodo de tres años, ha realizado la suspensión de 53 servidores públicos y 21 inhabilitaciones por violación a diferentes normatividades, una de ellas, utilizar indebidamente los vehículos de sus dependencias.
La mayoría de las destituciones se han registrado en la Secretaría de Salud, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en Querétaro (USEBEQ) y la Secretaría de gobierno; esto por violación a la normatividad que establece la ley de responsabilidades de los servidores.
Juan Gorráez Enrile, contralor del estado, informó que cualquier violación que realice los funcionarios públicos dentro de las obligaciones que establece la ley de responsabilidades de servidores públicos puede hacerse acreedores a suspensiones, que van de 15 días hasta tres meses.
A partir del 1 de octubre de 2009, al corte de 10 de diciembre de este 2012, suman 53 funcionarios públicos suspendidos.
“Principalmente por violación a diferentes normatividades, como el utilizar indebidamente los vehículos. Dentro de estas se encuentran seis destituciones que se generaron en la Secretaría de Salud, en la USEBEQ, en la Secretaría de Gobierno, y en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECyTEQ)”, mencionó.
En cuanto a las inhabilitaciones, el contralor informó que durante estos tres años, se han realizado 21 procesos de esta índole, aplicando con ello el retiro de su cargo por algún tiempo a los servidores públicos.
Asimismo, Juan Gorráez dijo que durante este 2012 la dependencia realizó 340 auditorías a las diferentes áreas que conforman el Poder Ejecutivo estatal, a fin de verificar si existía la posibilidad de iniciar procesos resarcitorios (reintegro de dinero del erario público), de las cuales se logró la reposición de 8.5 millones de pesos. Esto, sin necesidad de instalar un procedimiento resarcitorio.
Sin embargo, el contralor comentó que actualmente existen procesos contra algunas constructoras que brindaron sus servicios al gobierno de estado, a las cuales se les está solicitando la compensación o devolución del dinero sobrante que se les pagó por una obra presupuestada por cierta cantidad; y que al final fue menor la inversión, recursos que asciende a un millón de pesos.
“Hay constructoras que están en proceso, hay algunos oficios que se abren y no han quedado concluidos. Por circunstancias jurídicas se van alargando, porque tenemos el derecho a la defensa del afectado y todo el procedimiento de pruebas, alegatos, impugnación, el amparo. Pero concretamente en 2012 estamos hablando de un millón de pesos en obras de infraestructura que algunos constructores deben devolver”, dijo Juan Gorráez Enrile.
El funcionario estatal afirmó que no es usual que los constructores cobren de más, sin embargo, debe a que son varias obras las que se llevan a cabo que es necesario que las direcciones de órganos de control interno y en la dirección de auditoria, procedan a realizar las revisiones.
Se verifica no sólo la aplicación de recursos monetarios, sino la diligencia de recursos materiales como muebles, vehículos, la forma de adquisiciones y las licitaciones.
