El coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, señaló la necesidad de fortalecer el marco institucional para combatir la corrupción y consideró “una excelente noticia” que el Ejecutivo haya enviado, el martes pasado, la iniciativa que crea y reglamenta la Fiscalía General de la República.
De esta Fiscalía se desprende la Fiscalía especializada en combate de la corrupción. “La corrupción es uno de los problemas más graves que enfrenta el mundo, y nuestro país no es la excepción. Una de las mayores preocupaciones de la sociedad es cómo la combatimos”, dijo Beltrones Rivera en declaraciones a la radio.
Sostuvo que la corrupción eleva los costos de los programas de gobierno, desvía recursos públicos de donde son prioritarios, genera incertidumbre entre los inversionistas y daña la economía de las familias. “No menos terrible es que erosiona la confianza de ciudadanos en la democracia”, añadió.
El líder parlamentario puntualizó la necesidad de fortalecer el marco institucional para combatir, en donde se encuentre, cualquier dejo de corrupción.
Indicó que la iniciativa que crea la Fiscalía da respuesta a una añeja demanda de la sociedad: contar con una instancia de gobierno capaz de prevenir, investigar y, sobre todo, sancionar a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que traicionen la confianza de la ciudadanía e incurran en actos deshonestos.
Aseveró que la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Fiscalía General de la República no es el cambio de un sólo nombre, sino el resultado de una reforma política electoral que se aprobó en el Congreso de la Unión —hace casi un año— y la dota de autonomía constitucional.
Externó que este cambio representa un avance medular en el sistema de procuración de justicia en el país. “De lo que se trata es de contar con una instancia independiente que garantice que el delito se persiga en México con mayor eficacia, y que esta institución cuente con un alto nivel profesional”, enfatizó.
Subrayó que esta iniciativa contempla medidas trascendentes como la autonomía del Ministerio Público y que el fiscal general de la República dure en su cargo nueve años para garantizar que el cumplimiento de sus tareas se realice en un horizonte de largo plazo y sea completamente ajeno a cualquier presión política. “La Fiscalía General de la República representa que se proteja al inocente y se castigue a quien viole la ley”.
