Después de los hechos violentos que se suscitaron este fin de semana en el municipio de Tequisquiapan, el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, detalló que fueron 20 las personas que fueron detenidas por los delitos de agravio al estado, que incluyeron daños a la sede del Palacio Municipal, así como el impedimento a la prestación de los servicios públicos de dicha demarcación.

“Estas personas cometieron un delito que técnicamente y jurídicamente es en agravio del estado, en las instituciones públicas. Estos delitos fueron causar daños y oponerse a que se prestara el servicio público en la Presidencia Municipal de Tequisquiapan. Se inició una denuncia y se hizo la negociación por parte de las autoridades municipales. Las personas se mantuvieron en su actitud violenta y entonces se cometió un delito en flagrancia”, explicó el funcionario.

Añadió que las personas imputadas por estos crímenes, después de un proceso de investigación, fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y será el juez quien determine su situación jurídica.

“En estos momentos ya están a disposición de un juez y se celebrará la audiencia respectiva para que éste determine si se mantienen en calidad de detenidos, o bien si considera que por el delito cometido pueden permanecer en libertad provisional”, señaló.

Granados Torres dijo que ante las diversas inconformidades que han mostrado los pobladores, especialmente de los municipios de Tequisquiapan y Amealco, respecto a los resultados de las elecciones de las autoridades auxiliares, que incluyen delegados y subdelegados, el gobierno estatal en todo momento ha brindado el acompañamiento necesario a los alcaldes para coadyuvar en una solución a través del diálogo.

“La mayoría de los problemas se han ido solucionando progresivamente”, aseveró el secretario, quien se mostró respetuoso de las manifestaciones públicas, ya que las considera un derecho constitucional que tiene todo ciudadano; sin embargo, aseguró que cuando esas expresiones transgredan la ley, el gobierno del estado actuará en consecuencia.

“El derecho a manifestarse pacíficamente se va a respetar, pero cuando las personas rompen la ley y realizan actos delictivos, las autoridades estatales actuarán en cumplimiento de su responsabilidad”, puntualizó.

Al respecto, el gobernador Francisco Domínguez Servién manifestó que a los responsables se les aplicará “todo el peso de la ley”.

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