El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad la reforma al Código Penal del estado de Querétaro para endurecer las penas contra quienes abusen sexualmente de los menores de edad. De ahora en adelante un pederasta no podrá salir bajo fianza y tendrá que pasar entre dos y siete años en prisión.
Antes, estos delitos eran castigados con penas de tres meses de cárcel y multas máximas de 20 mil pesos, por lo que el agresor podía salir bajo fianza; sin embargo, hoy la intención es que estas personas no puedan salir fácilmente en libertad, destacó el autor de la iniciativa que reforma los artículos 165 y 166 del Código Penal, el diputado Luis Antonio Rangel.
El legislador del PAN dijo que se adicionó el artículo 166 bis en el que se señalan los motivos que constituyen un agravante y que incrementan la pena en dos terceras partes: con intervención directa de dos o más personas, cuando se emplee violencia física o moral; cuando se trate de familiares hasta en cuarto grado; cuando se trate de una persona que viva en el mismo domicilio, e inclusive cuando se trate de sacerdotes, maestros o doctores.
“La construcción del futuro pasa por la protección de la niñez, y hay una área de oportunidad enorme, puesto que las cifras arrojan evidencia de que la mayoría de los abusos sexuales se dan en el entorno cercano de los propios niños y es lo que se busca prevenir por medio de esta legislación, se tiene que hacer un esfuerzo para que las autoridades administrativas pongan especial atención y se generen los protocolos adecuados para ayudar a proteger al futuro de Querétaro y su valor más preciado, que sin duda son los niños”.
La diputada Isabel Aguilar afirmó que en México 50% de la población femenina enfrenta situaciones de violencia intrafamiliar. Se estima que en siete de cada 10 hogares existe algún tipo de agresión. Los niños de padres abusivos tienen 50% más probabilidades de abusar del alcohol y las drogas, y son seis veces más propensos al suicidio, por lo que se deben generar propuestas de política de apoyo sicológico y jurídicos a las víctimas de violencia familiar y sexual.
El Poder Legislativo también avaló la reforma al Código de Procedimientos Civiles en materia de la constitución del Patrimonio Familiar, puesto que en la actualidad existen dos vías: vía sumaria y jurisdicción voluntaria, por lo que se busca que se agregue una más, que sería a través de Notario Público, explicó el autor de la propuesta, Carlos Lázaro Sánchez.
“La intención es simplificar los tiempos, ésto, a través de una economía procesal, permitiendo al gobernado tener certeza jurídica y estabilidad patrimonial para él y su familia, puesto que la función pública notarial constituye una garantía para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos derivados de una operación, o pueda disfrutar libremente de sus bienes sin ninguna perturbación”.
Sánchez Tapia expresó que la Constitución establece el derecho de todas las familias a poseer una vivienda digna, por lo que se busca la protección de ese patrimonio, sobre todo conociendo la constante volatilidad de la situación económica actual. Con esta iniciativa se pretende acercar a las familias a la protección jurídica necesaria que cuando menos una parte de su patrimonio económico se encuentre sin riesgos.
Igual se aprobó la iniciativa de decreto que autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a desincorporar y enajenar a título gratuito, el inmueble ubicado en el ejido La Lira, Pedro Escobedo, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
