Hay decisiones públicas que no se anuncian con estridencia, pero que dicen más sobre un gobierno que cualquier discurso. Las licitaciones fast track pertenecen a esa categoría: procedimientos legales, sí, pero diseñados para correr tan rápido que apenas dejan espacio para la competencia. En el papel son una excepción; en la práctica, se han convertido en una regla silenciosa.

El reportaje de Reforma del 26 de abril vuelve a poner el foco en una mecánica que ya no sorprende, pero sí inquieta. Desde 2023, la Secretaría de Bienestar ha otorgado contratos millonarios a Grupo Gama, varios de ellos mediante procesos acelerados o adjudicaciones directas. La cifra acumulada, que distintas coberturas ubican entre 2 mil y 2 mil 800 millones de pesos, no es menor, pero tampoco es lo más relevante. Lo significativo es el patrón: repetición de proveedor, concentración de contratos y uso frecuente de vías de asignación que reducen la competencia al mínimo indispensable.

El argumento oficial para estos mecanismos suele ser la urgencia. Siempre hay una razón para acortar plazos: programas para difundirse, materiales que deben imprimirse, calendarios que no esperan. Pero la urgencia, cuando es permanente, deja de ser una circunstancia y se convierte en un método. Y un método así no sólo agiliza procesos, también selecciona ganadores.

En este caso, la historia no comienza en 2023. Grupo Gama arrastra una relación de larga data con el sector público y con el universo político que hoy gobierna. Ha sido impresora de materiales oficiales y también de instrumentos partidistas como el periódico Regeneración. Esa continuidad no es ilegal por sí misma, pero sí plantea una pregunta incómoda: ¿en qué momento la experiencia se convierte en preferencia sistemática?

La inquietud crece cuando se cruza con otro episodio aún fresco en la memoria política: los “acordeones” distribuidos durante la elección judicial de 2025. Aunque el Tribunal Electoral no encontró elementos suficientes para sancionar, la denuncia y las investigaciones periodísticas colocaron a la misma empresa en el centro de la discusión. No como una prueba concluyente, pero sí como una coincidencia demasiado conveniente. En política, las coincidencias reiteradas rara vez son inocuas.

Aquí es donde las licitaciones fast track adquieren un peso distinto. No se trata solo de procedimientos administrativos más ágiles, sino de engranajes dentro de un ecosistema más amplio donde lo público, lo partidista y lo electoral tienden a difuminarse. Cuando una empresa con vínculos históricos y capacidad probada recibe contratos acelerados de una dependencia clave, y además aparece en señalamientos relacionados con procesos electorales, el problema ya no es técnico: es de confianza.

Y la confianza es un recurso escaso. Más en un país donde, según datos recientes, cerca de 70% de los contratos públicos se asignan por adjudicación directa, y donde durante todo el sexenio esa proporción rondó el 80%. Las licitaciones fast track no son la excepción que equilibra el sistema, sino una extensión del mismo problema con una capa adicional de formalidad.