El crimen organizado encuentra en la Iglesia Católica -que trabaja por la paz y el bien común- un obstáculo para sus fines, por ello la ataca ante la omisión e ineficiencia de autoridades, lo que resulta alarmante y genera indignación.
Conviene registrar que el año pasado, a través del Informe sobre la Incidencia de Violencia en Contra de Sacerdotes e Instituciones de la Iglesia Católica en México, el Centro Católico Multimedial (CCM) explicó que las consecuencias de los actos asesinos contra ministros de culto en comunidades mexicanas se traducen, también, “en estructuras de orden y poder que se configuran en verdaderos ‘narcogobiernos’. Esto se ve reflejado en varias localidades del país donde el crimen organizado ‘prácticamente es el que gobierna”. Y estableció: “el país padece un alto riesgo en el ejercicio de varias profesiones y actividades como el sacerdocio, el periodismo y la defensa de los derechos humanos”.
Y esto sí tiene que ver con la soberanía nacional -y no como el paraguas discursivo protector de presuntos oficialistas implicados- porque, en muchos lugares -ante complicidades (“Abrazos, No balazos”) y debilitamiento institucional-, organizaciones criminales controlan y mandan en determinados territorios.
Con el reciente asesinato del párroco Román de la Cruz Hernández, en Hidalgo, suman ya 14 sacerdotes ejecutados en estos tiempos de populismo autoritario y antidemocrático; 10 durante la presidencia del demagogo de Macuspana (con 7 obispos violentados), y 4 en lo que llevamos con Sheinbaum; además de amenazas, asaltos, atentados y difamación, con impunidad superior al 80 por ciento. Independientemente de desapariciones y agresiones a laicos relacionados con labores pastorales.
El director del CCM, sacerdote Sergio Omar Sotelo Aguilar, ha sido enfático: “Hemos visto la ineficacia en la labor de justicia de las diferentes entidades gubernamentales que ha dado pie a este tipo de historias lamentables”. Y puntualiza: “El sacerdote en la comunidad es un estabilizador social que brinda no sólo un servicio espiritual, sino que también brinda servicios de salud, de protección a derechos humanos; hace muchísimas cosas que incluso el Estado, los gobiernos municipales y estatales han dejado de hacer”.
Explica que cuando se elimina a este estabilizador social, en las comunidades se enquistan tres aspectos brutales: “la narco economía, la narco política y la narco cultura”, y, con esta última, el crimen organizado recluta jóvenes y convierte a este fenómeno en aspiracional.
Las presiones y amenazas son frecuentes contra sacerdotes en zonas de conflicto y alto riesgo, debido a su trabajo pastoral y social, lucha contra actividades ilícitas, denuncia de injusticias y defensa de víctimas. Y, como sabemos, el poder de la delincuencia organizada suele ser proporcional a su relación y complicidad con el propio poder político.
Lamentablemente -pero con razón-, se ha dicho que México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio sacerdotal en el mundo y el primero en América latina.
