La política pública nunca debería ser un ejercicio de malabarismo retórico; sin embargo, en Querétaro nuevamente estamos presenciando una preocupante gimnasia argumental en la que la noción de “derechos humanos” se estira, encoge y ajusta según conviene al objetivo electoral del partido en el poder. Tres conductas recientes lo demuestran.
En primer lugar tenemos el "veto" del gobernador Mauricio Kuri a la reforma para garantizar el derecho de las personas trans a modificar sus actas de nacimiento por la vía administrativa. El argumento del Gobernador es que la reforma pondría en riesgo a las infancias, lo que es totalmente falso. Su postura anti LGBTQ no es nueva; recordemos su rotunda oposición al matrimonio igualitario.
En segundo lugar está la propuesta de Josué Guerrero, presidente municipal de Corregidora para juzgar y castigar como adultos. Según Chepe, si tienen la madurez para cometer el crimen, tienen la madurez para enfrentar el castigo, algo que refleja una visión meramente punitiva.
Finalmente tenemos el triste espectáculo protagonizado por los diputados Memo Vega y Enrique Correa, quienes, entre burlas, dejaron más que clara su oposición a la despenalización del aborto, lo que en la práctica condena a miles de niñas a la maternidad forzada al negarles acceso efectivo a la interrupción legal del embarazo, al asumir que tienen la madurez para consentir relaciones sexuales con adultos.
La doble moral de la derecha conservadora no es accidental: revela una lógica que jerarquiza el control social y el castigo por encima de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana han señalado reiteradamente la obligación de los Estados de garantizar el acceso a la justicia sin discriminación. Las recientes posturas de la derecha queretana no solo desconocen esos estándares, también generan violencia.
Lo más preocupante es que sus posturas hacen eco del discurso perverso de la ultraderecha: controlar los cuerpos de las mujeres, castigar a las juventudes precarizadas y negar derechos a las personas más vulnerables, invocando la amenaza de la “izquierda radical” de destruir el status quo y la consecuente pérdida de privilegios de quienes más tienen y siempre tienen.
El libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad, el derecho a la salud y a la integridad personal, y las garantías de protección reforzada de las infancias, mujeres y otras personas en situación de vulnerabilidad exigen políticas públicas centradas en la protección, respeto y garantía de sus derechos, no en la criminalización o la negación de estos.
La protección de los derechos humanos no admite demagogias ni dobles discursos. Si el PAN pretende gobernar con responsabilidad, debe dejar de hacer malabares políticos y atender, de una vez por todas, sus obligaciones constitucionales e internacionales de proteger a quienes menos pueden defenderse.
Titular de Aliadas Incidencia
Estratégica e integrante de la
Red Nacional de Alertistas.
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