En los últimos días, he recibido diversos comentarios a favor y en contra de mi postura con respecto al llamado Plan B de la reforma electoral. Quienes están en contra, argumentan que esta iniciativa no atenta contra la democracia. Difiero; aquí mis argumentos.

La reforma electoral de 1990 creó al IFE como resultado de la conflictiva elección presidencial de 1988. Estableció las definiciones para la conformación del Servicio Profesional Electoral, así como bases más equitativas para la competencia. Sin embargo, no garantizaba la imparcialidad. Los Consejeros Magistrados eran electos por dos tercios de los diputados a propuesta del presidente de la República. Por ello, al calor de los acontecimientos de los primeros meses de 1994 fue precisa una reforma que modificara la composición del Consejo General para que sus integrantes fueran propuestos por los grupos parlamentarios.

A pesar del avance en términos de imparcialidad, tanto el presidente Zedillo como los Consejeros Ciudadanos reconocerían que la elección de 1994 había sido inequitativa producto de la disparidad de recursos financieros y acceso a medios de comunicación entre  el entonces partido oficial y las oposiciones. Para resolver esa inequidad y nivelar el terreno fueron necesarias dos reformas electorales más, la de 1996 que dotó a los partidos de un generoso financiamiento público y al IFE de nuevas atribuciones y la de 2007 que se centraría en atender los aspectos más negativos del proceso electoral de 2006: la propaganda negativa (de partidos y otros actores), la intervención del ejecutivo federal en los comicios, el uso de programas sociales y el rebase de topes de campaña. Dicha reforma permitió, entre otras cosas, la regulación de las precampañas y de la duración de los procesos electorales, redujo el financiamiento público a los partidos, prohibió —a partidos, personas físicas y morales— la compra de espacios en radio y televisión destinados a influir en las preferencias electorales y fortaleció los mecanismos de fiscalización del IFE.

Es claro que nuestras instituciones electorales —como toda institución— requieren ajustes y son perfectibles, sin embargo, esta iniciativa atenta  contra la imparcialidad, la profesionalización y la equidad en la competencia. Señalar que esos “candados” ya no son necesarios, bajo el argumento de que la democracia llegó a México en 2018 y “ahora sí son limpias las elecciones” es no querer ver lo evidente.

El Servicio Profesional Electoral juega un papel fundamental en  los comicios, acabar con él no garantiza reducir costos, pero sí pone en riesgo la certeza y la eficiencia de las elecciones, el cómputo de los votos y la actualización y depuración del padrón electoral, entre  otras funciones. La propaganda gubernamental escudada en la libertad de expresión de funcionarios vulnera la equidad en la competencia y la injerencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el voto en el extranjero atenta contra la autonomía del INE.

Estas son sólo algunas de las implicaciones que tendrá esta reforma. Sin duda, la pregunta obligada para quienes consideran que no atenta contra la democracia es si estarían de acuerdo con estas reglas del juego si fuera el PRI o el PAN quien estuviera en el poder. Por ello, nos corresponde salir a manifestarnos el próximo domingo 26 de febrero.

#MiVotoNoSeToca