La semana pasada trascendió que en diversas entidades federativas aparecieron mantas en espacios públicos donde se hacía alusión al escándalo por las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya. En Guadalajara se colocaron letreros con la frase “Que Jalisco no sea Sinaloa”, y en Querétaro, en una manta sobre uno de los puentes podía leerse “Al narco lo cuida el Estado, ¿y a los jóvenes quién los cuida?”, acompañada de las fotografías de un exgobernador de Tabasco y del gobernador con licencia de Sinaloa. Nos queda claro que el mensaje busca establecer una asociación entre la delincuencia organizada, el gobierno federal y la responsabilidad partidista. Y, aunque los escándalos relacionados con el llamado “caso Sinaloa” no son nuevos (diferentes periodistas, académicos y activistas en esa entidad los han denunciado desde hace años), la notoriedad mediática reciente lo ha convertido en una ficha muy atractiva en un entorno preelectoral cada vez más álgido, donde distintos grupos políticos buscan aprovechar la coyuntura para reposicionarse y disputar el control de las gubernaturas.
El Bajío no es Sinaloa, sin duda. Como sinaloense que llegó a Querétaro hace ya ocho años, puedo reconocerlo bien. Pero las comparaciones no son sencillas y, más allá de las alusiones simplistas, conviene analizar las lecciones. Preguntarnos por los aprendizajes implica indagar cómo se construyó el escenario que hoy enfrenta ese querido estado del norte, donde la ola de enfrentamientos armados que inició hace al menos 19 meses ha dejado más de 3 mil personas asesinadas y más de 3 mil desaparecidas, además de pérdidas económicas estimadas en 170 mil millones de pesos, según el Índice de Paz México 2026.
La primera lección está en comprender que los partidos y grupos políticos tienen amplia responsabilidad, pero la médula del problema no se encuentra en uno solo. En los últimos 15 años, en Sinaloa se han alternado la gubernatura entre el PAN (en coalición con PRD y Convergencia), el PRI y Morena, y todos los gobiernos han participado, en distintos grados de involucramiento y mediante diferentes formas de complicidad, en la construcción de una gobernanza criminal. Como en otras entidades mexicanas, los actores económicos y políticos han establecido alianzas con poderes delictivos, forzadas o voluntarias, pero siempre atravesadas por la conveniencia.
La segunda lección es que el problema de fondo tiene que ver con la corrupción y con las instituciones que permiten que esta funcione. Los grupos delincuenciales han diversificado sus actividades y obtienen parte de sus ganancias de proyectos públicos, de la minería, de los negocios inmobiliarios o incluso del control de recursos estratégicos como el agua. Para lograrlo necesitan relaciones de conveniencia con autoridades, empresarios y actores políticos que les permitan operar, expandirse y proteger sus intereses. Esta es la situación de muchos municipios mexicanos.
La tercera lección está en que estados como Querétaro no están libres de riesgos. Las economías ilícitas encuentran buen terreno en regiones donde existe una fuerte concentración del poder en unas cuantas familias o grupos empresariales, donde las decisiones se negocian entre pocos actores y donde la transparencia y los controles suelen ser leales a los intereses de quienes gobiernan. El caso de la mina de mercurio en la Sierra Gorda queretana, donde se señalaron posibles vínculos entre empresarios, funcionarios y operadores relacionados con el CJNG, mostró que estas redes también pueden insertarse en estados que suelen verse como ejemplos de estabilidad.
La discusión pública tendría que dirigirse menos hacia el espectáculo de la confrontación y más hacia el fortalecimiento de contrapesos sociales e institucionales capaces de limitar la captura del poder público por grupos reducidos de interés, porque las universidades, la prensa crítica, las organizaciones civiles y la ciudadanía organizada siguen siendo espacios fundamentales para abrir discusiones incómodas, exigir transparencia y cuestionar estructuras que suelen normalizarse mientras producen beneficios económicos y políticos para ciertos sectores.
Académica de la UNAM
