Hace más de 2,300 años, en su Ética a Nicómaco, Aristóteles definió uno de los conceptos éticos y filosóficos más vigentes de la historia: el “justo medio”. Para el pensador clásico, la virtud reside en un punto de equilibrio entre dos extremos radicales, a los que consideraba vicios: el exceso y la carencia. No se trataba de una mediocridad tibia, sino de una excelencia alcanzada mediante la razón, la prudencia y el hábito constante. Esta premisa se alinea con la sabiduría popular que advierte que «todo exceso es malo».
Hoy, este principio adquiere una urgencia incuestionable., una vigencia casi obligatoria. Vivimos inmersos en una polarización global creciente donde el debate público parece dominado por trincheras irreconciliables. La radicalización ideológica cancela la conversación, anula la empatía y reduce la deliberación pública a una contienda de dogmas. En las elecciones el ciudadano se ve obligado a elegir entre dos visiones y alternativas completamente diferentes, contrapuestas y sin puntos de coincidencia. En la política contemporánea, las decisiones se toman cada vez más en función de lealtades partidistas o etiquetas preconcebidas, ignorando las razones prácticas y la evidencia tangible sobre lo que realmente funciona.
Frente a este escenario, el justo medio debe traducirse en pragmatismo ético. El punto de equilibrio entre las radicalidades no se encuentra en el centro geométrico del discurso, sino en la evidencia de funcionalidad orientada al bien común. Ninguna corriente de pensamiento posee el monopolio de las respuestas correctas. Cuando la gestión pública se despoja de ataduras doctrinarias, es posible rescatar ideas, herramientas y modelos que atiendan las necesidades reales de una comunidad en un tiempo y espacio concretos.
En Querétaro se ha comprendido esta lección: los resultados deben estar por encima de los dogmas. La administración pública local ha integrado políticas de diversa procedencia siempre que demuestren ser efectivas para elevar la calidad de vida de las familias. Un ejemplo claro es la aplicación de transferencias económicas directas para sectores vulnerables —medida habitualmente catalogada como propia de la izquierda—, adoptada bajo el principio humanista de la subsidiariedad por un gobierno de origen panista.
De manera similar, el gobernador Mauricio Kuri tomó una decisión decisiva al retirar cientos de concesiones de transporte público a particulares para recuperar el control estatal sobre la operación del servicio. Lejos de las visiones convencionales que asocian a los gobiernos de centroderecha con la desregulación absoluta, en Querétaro no solo se cambiaron las reglas del juego, sino que se cambió el juego completo. El objetivo fue garantizar a la ciudadanía un sistema de movilidad eficaz, moderno, digno y seguro mediante la rectoría pública.
Esta búsqueda de equilibrios también es indispensable a escala global. El economista de la Harvard Kennedy School Dani Rodrik ha analizado los excesos de la apertura irrestricta bajo el concepto de “hiperglobalización”, señalando cómo la falta de amortiguadores sociales profundizó la desigualdad entre ricos y pobres. Rodrik advierte que el futuro exige rediseñar la integración global a partir de la protección y el fortalecimiento de lo local, descartando recetas únicas o fórmulas mágicas universales.
Cada sociedad posee una identidad forjada por su historia, su cultura y sus retos particulares. Por ello, las soluciones deben ser trajes a la medida, capaces de integrar lo mejor de distintas visiones sin caer en fundamentalismos. Gobernar y convivir en el siglo XXI exige templanza para evitar que el péndulo social continúe oscilando entre extremos destructivos. Encontrar el justo medio no es renunciar a las convicciones, sino abrazar la sensatez, la evidencia y la prudencia para construir un futuro compartido y estable.
