Endeudarse puede impulsar el desarrollo, pero hacerlo sin mejorar los servicios ni crear capacidades productivas significa trasladar a las familias una cuenta cada vez mayor. El Paquete Económico 2027 debe discutirse más allá de los porcentajes, los balances y las estimaciones macroeconómicas. Detrás de cada cifra hay decisiones que afectan el presente de las familias y comprometen el futuro del país. Una de las más importantes es la deuda pública: aunque el déficit proyectado disminuya ligeramente, México seguirá debiendo más.

Los propios Criterios Generales de Política Económica estiman que el saldo de la deuda pasará de poco más de 20 billones de pesos en 2026 a aproximadamente 21.6 billones en 2027. En un solo año aumentará más de 1.5 billones, es decir 1 millón y medio de millones de pesos, una cantidad superior a todo el presupuesto anual previsto para salud y también mayor que el gasto destinado a educación.

Por su magnitud, esa cifra puede parecer distante. Traducida a la vida cotidiana, significa que la deuda crecerá alrededor de 4 mil 300 millones de pesos cada día y cerca de 182 millones cada hora. Lo que se agregará en sólo 24 horas alcanzaría para pagar aproximadamente 860 millones de viajes en el Metro de la Ciudad de México; es decir, permitiría cubrir durante casi nueve meses la totalidad de los viajes que diariamente se realizan en este sistema de transporte.

La deuda pública no apareció ayer ni pertenece exclusivamente a un gobierno. Sin embargo, su crecimiento obliga a exigir responsabilidad y resultados. Al comenzar el gobierno de Vicente Fox, el saldo se acercaba a 2 billones de pesos; para 2027 superará los 21 billones. Al concluir el sexenio de Ernesto Zedillo representaba alrededor de 20 mil pesos por habitante; al terminar el de Vicente Fox, 29 mil 100 pesos; al cierre del gobierno de López Obrador superó los 126 mil pesos y actualmente ronda los 143 mil pesos por persona.

Para una familia de cuatro integrantes, esa proporción equivale a cerca de 572 mil pesos. Nadie recibirá mañana una cuenta por esa cantidad, pero todas y todos contribuimos a pagarla mediante impuestos, intereses y, sobre todo, con los hospitales, las escuelas, las carreteras, la seguridad y las obras de agua que dejan de financiarse cuando una parte creciente de los recursos públicos debe destinarse al servicio de la deuda. Endeudarse no es necesariamente irresponsable. Puede ser una herramienta legítima cuando los recursos se invierten con transparencia en infraestructura, crecimiento económico, empleos y capacidades productivas que permitan generar ingresos en el futuro. El problema surge cuando la deuda aumenta mientras las familias continúan enfrentando falta de medicamentos, deterioro de los servicios de salud, escuelas sin mantenimiento, inseguridad y obras inconclusas.

Por ello, la discusión no debe limitarse a preguntar cuánto se endeudará México, sino para qué, con qué resultados y quién terminará pagando. También debemos saber cuánto costarán los intereses, qué beneficios concretos producirán los recursos obtenidos y qué controles existirán para evitar que las siguientes generaciones reciban obligaciones, pero no infraestructura ni mejores servicios.

Morena prometió no endeudar a las y los mexicanos, pero las cifras describen una realidad distinta. Frente a ella, el Congreso tiene la obligación de revisar el Paquete Económico con rigor, transparencia y sentido de futuro. Aprobar deuda no puede convertirse en un trámite ni en un cheque en blanco para el gobierno.

La deuda parece lejana hasta que se traduce en oportunidades perdidas. Cada peso destinado a pagar decisiones improductivas es un peso que no llega a una escuela, un hospital o una comunidad. México puede recurrir responsablemente al financiamiento para construir futuro; lo que no debe hacer es hipotecarlo para sostener el presente.

Diputada federal