Ante la tragedia ocurrida en una escuela secundaria de Torreón, Coahuila, donde dos jóvenes de 18 años asesinaron a la subdirectora e hirieron a otras cuatro personas, el Gobierno Federal reaccionó anunciando la preparación de un decreto para obligar a las plataformas digitales a detectar, reportar y retirar contenidos que inciten a la violencia, además de fortalecer el monitoreo de redes sociales y foros digitales.
Antes de evaluar una medida tan controvertida —la posible intromisión en la privacidad de las personas es solamente uno de los muchos aspectos que se habrán de analizar— considero pertinente preguntar: ¿qué ha pasado con la atención a las causas de la violencia?
Recordemos que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se determinó que la violencia —y la delincuencia— no podían combatirse únicamente mediante policías, detenciones y castigos, sino que era necesario atender las causas que las originaban. Para ello se implementaron acciones y programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, becas educativas, Ferias de Paz, Constructores de Paz, Redes por la Prevención de las Violencias y las Adicciones, Desarme Voluntario, actividades culturales y deportivas y programas para la prevención de adicciones, entre otros.
Posteriormente, la presidenta Sheinbaum continuó con la misma estrategia y, de hecho, estableció la “Atención a las causas” como el primer eje de su Estrategia Nacional de Seguridad.
En suma, durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, bajo la estrategia de “atender las causas de la violencia”, se han diseñado e implementado numerosos programas y acciones que, de acuerdo con el discurso gubernamental, buscan abatir las condiciones que favorecen la violencia y ofrecer, particularmente a niños y jóvenes, mejores alternativas de desarrollo.
Es de reconocerse que el Gobierno informa cuántas jornadas realizó, cuántas becas entregó, cuántos jóvenes participaron o cuántas personas fueron beneficiadas por sus diferentes acciones y programas. Sin embargo, esos datos nos hablan principalmente de cobertura, no necesariamente de resultados. Y no basta con contar beneficiarios; hay que medir resultados.
Lo que necesitamos conocer es su impacto real: ¿qué programas funcionan y cuáles no?, ¿qué tan efectivos son los que funcionan?, ¿sus resultados justifican los recursos invertidos?
Las preguntas son pertinentes porque, a pesar de los programas instrumentados, la inseguridad continúa siendo un problema de enorme magnitud. En junio pasado, el 59.8% de la población adulta que vive en las áreas urbanas estudiadas por el INEGI consideró inseguro vivir en su ciudad. En 2025 se estima que se cometieron 33.8 millones de delitos.
Por lo anterior, propongo que la reacción del Gobierno de México no se limite a agregar una nueva medida a una ya larga lista de acciones. Antes habría que evaluar cuáles han funcionado, cuáles no, cuánto han costado y, sobre todo, cuánto han contribuido realmente a disminuir la violencia.
En otras palabras, antes de crear más programas y acciones, es imperativo evaluar los resultados de los programas y acciones existentes. Reforzar lo que sí funciona y modificar lo que se pueda mejorar.
Exsenador. @gtamborrelmx
