Doce años después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, México sigue demostrando que su sistema judicial puede ser tan lento y laberíntico que termina por convertirse en un obstáculo para la justicia. La reciente sentencia de 60 años de prisión contra José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Felipe Flores, quien fuera su secretario de Seguridad Pública, y otras 26 personas, representa un avance.
Pero también exhibe que tuvieron que pasar doce años para alcanzar una sentencia de primera instancia por crímenes cometidos en septiembre de 2014.
Y todavía falta. Los abogados de Abarca impugnaron la resolución, por lo que el expediente continuará su recorrido por los tribunales donde seguramente habrá una estampida de amparos y otros incidentes judiciales.
Por qué tuvieron que transcurrir doce años para llegar a esta etapa. El problema no es que existan recursos legales. Toda persona tiene derecho a defenderse, impugnar resoluciones y exigir un debido proceso. Esas garantías son indispensables para evitar arbitrariedades.
El problema aparece cuando los procedimientos se convierten en laberintos interminables, cuando las investigaciones avanzan lentamente, las pruebas se pierden, los expedientes cambian de manos y las familias marchitan esperando respuestas.
La justicia mexicana parece funcionar con dos relojes distintos. Uno, desesperadamente lento para las víctimas. Otro, suficientemente flexible para quienes cuentan con recursos económicos, abogados especializados y capacidad para prolongar los litigios.
No significa que toda apelación sea una maniobra dilatoria. Significa que un sistema incapaz de resolver oportunamente termina favoreciendo, en los hechos, la impunidad.
Ayotzinapa es un ejemplo doloroso, pero está lejos de ser una excepción. Miles de familias mexicanas enfrentan investigaciones inconclusas, audiencias aplazadas y procesos que consumen años sin ofrecer certezas.
El viejo dicho sostiene que justicia que tarda no es justicia. Quizá jurídicamente sea una simplificación, pero socialmente expresa una percepción profundamente arraigada.
Porque cuando una familia debe esperar doce años para obtener apenas una parte de las respuestas, el Estado mexicano no puede presumir eficiencia.
La justicia necesita garantías, pero también oportunidad, capacidad y resultados. De lo contrario, seguirá siendo una promesa escrita en las leyes, pero ausente en la vida cotidiana de millones de mexicanos.
Consultor, académico y periodista























