Las iniciativas de reforma electoral llegaron al Congreso de Querétaro en estampida. Partidos, legisladores y organismos electorales han puesto sobre la mesa propuestas para modificar las reglas con las que se disputará y distribuirá el poder político.

El problema no es que existan muchas iniciativas, sino el poco tiempo disponible para conocerlas, compararlas, discutirlas y permitir que la población participe en una decisión que tendrá consecuencias en los próximos procesos electorales.

Se discuten cambios en materia de paridad, integración de ayuntamientos, representación proporcional, reelección, nepotismo, acciones afirmativas y procedimientos electorales. Cada modificación puede alterar la presentación de candidaturas, la distribución de espacios de representación y la integración de los órganos de gobierno.

No son asuntos menores ni exclusivamente técnicos. Son las reglas mediante las cuales los partidos compiten por el poder y los ciudadanos eligen a sus representantes.

Sin embargo, mientras crece el número de propuestas presentadas ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, disminuye el tiempo disponible para someterlas a una discusión pública amplia.

Una reforma electoral requiere algo más que reuniones entre especialistas, mesas institucionales o negociaciones entre coordinadores parlamentarios. Necesita propuestas accesibles, comparativos entre iniciativas y tiempo suficiente para que universidades, organizaciones civiles, especialistas, periodistas y ciudadanos puedan analizarlas y formular observaciones.

Nada de eso puede hacerse adecuadamente en unos cuantos días.

La existencia de una fecha límite para aprobar modificaciones electorales no debería justificar la reducción de la deliberación. El calendario constitucional es conocido con anticipación. Si existieron trabajos previos, deberían hacerse públicos.

Si habrá un dictamen construido a partir de varias iniciativas, la ciudadanía tendría que conocer qué propuestas fueron incorporadas, cuáles rechazadas y bajo qué argumentos.

De otra manera, el proceso corre el riesgo de convertirse en una discusión reservada para quienes tienen acceso a las mesas de negociación.

En Querétaro se ha hablado de Parlamento Abierto y de mecanismos para acercar las decisiones legislativas a la población. Una reforma electoral es una oportunidad para demostrar que esos principios también se aplican cuando están en juego los intereses partidistas y la distribución del poder.

Pero abrir reuniones al público o transmitir sesiones por internet no equivale a una deliberación abierta. La participación necesita información y tiempo.

La premura favorece a quienes conocen los documentos, participan en las negociaciones y tienen capacidad técnica para intervenir: dirigencias partidistas, grupos parlamentarios y organismos especializados.

La mayoría de la población permanece fuera de esa conversación, en perjuicio de la calidad democrática.

Las reglas para acceder al poder no deberían modificarse con prisas ni discutirse solamente entre quienes competirán bajo ellas. Una reforma electoral necesita legitimidad pública, explicación suficiente y participación ciudadana efectiva antes de convertirse en norma para todos los queretanos.