Esta semana concluyeron los trabajos legislativos en el Congreso de la Unión y cerramos poniendo en el centro de la discusión los asuntos que más apremian. En la Comisión de Justicia, que me honra presidir, aprobamos 8 dictámenes que contienen reformas muy importantes para la vida cotidiana de las y los mexicanos, pero en esta ocasión me quiero referir a uno muy significativo.

Una de las funciones principales del Estado mexicano es preservar la vida y la integridad de las y los ciudadanos. El gobierno es la única entidad que puede hacer uso legítimo de la fuerza porque la finalidad de su uso es proteger a quienes integramos la sociedad.

Desafortunadamente, han ocurrido hechos que nos revelan que hay algunos servidores públicos que no sólo no cumplen con esa labor, sino hacen todo lo contrario: comprometen o lastiman la integridad de quienes deberían defender.

Ese fue el caso de los policías que atendieron el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, un feminicidio terrible en el cual filtraron las fotografías del cuerpo de la víctima. Estas fotografías se viralizaron en las redes sociales y se publicaron en algunos medios amarillistas.

Las consecuencias fueron terribles: la memoria, la dignidad y la intimidad de la víctima se denigraron y, por supuesto también, se trasgredió el respeto a sus familiares.

Esto es inaceptable. El Estado debe procurar e impartir justicia, pero en el cumplimiento de ese propósito jamás debe revictimizar a las personas. Por eso, en la Ciudad de México se tomó la iniciativa de sancionar penalmente a los servidores públicos que difundieran material relacionado con las víctimas, para evitar la revictimización y la violación a su intimidad. Esta iniciativa, conocida como “Ley Ingrid” ha sido replicada en algunos estados y por ello también decidimos replicarla a nivel federal.

Propusimos que entre los delitos contra la administración de justicia se contemple una prohibición para los servidores públicos de divulgar de cualquier forma, por cualquier medio, materiales relacionados con una investigación penal o con hechos que puedan constituir un delito. La sanción se agravará si se afecta a una mujer, a personas menores de edad o con discapacidad. Con el consenso de todos los grupos parlamentarios, aprobamos esta propuesta por unanimidad.

Tenemos presente que esto no es una generalización: desde este espacio reconozco la incansable labor de las y los policías que todos los días arriesgan su vida en el cumplimiento de su deber. Sin embargo, para construir una sociedad justa, nuestras leyes deben sancionar todos aquellos casos en los cuales se actúe en contra de la dignidad de las personas.

En esta época de obligadas reflexiones acerca de lo acontecido y la esperanza de proyectar el futuro que queremos, en la Comisión de

Justicia hicimos eco del clamor social para que ni una mujer más sea violentada. Por ello, seguiremos dando nuestros votos, nuestro esfuerzo y nuestro trabajo para lograrlo.