El retorno de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa duró apenas 34 horas. Después de haber solicitado licencia en medio de la petición de Estados Unidos al gobierno de México para su detención provisional con fines de extradición por presuntos vínculos con el narcotráfico y con el Cartel de Sinaloa en abril de 2026, su intento por reasumir el cargo el viernes pasado fue rápidamente frenado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque el mensaje presidencial publicado en la red “X”, un día después del anuncio del gobernador con licencia, no lo mencionó por su nombre, su contenido fue interpretado como una desautorización directa de cualquier decisión tomada al margen del gobierno federal.

La presidenta dejó claro que no avalará decisiones guiadas por intereses personales o de grupo cuando estén en juego la estabilidad política, la relación con Estados Unidos y la credibilidad institucional.

Rubén Rocha Moya quedó políticamente aislado. Morena tampoco acompañó su decisión, y su breve regreso, seguido de una nueva licencia solicitada al Congreso local, fue interpretado como un error de cálculo. En su intento por recuperar el control, terminó más debilitado, especialmente tras la detención de Fausto Corrales, quien conducía el vehículo en el que fue trasladado Héctor Cuén, asesinado el mismo día en que Ismael “El Mayo” Zambada fue “secuestrado”, presuntamente en el mismo lugar.

El mensaje publicado por Claudia Sheinbaum funcionó como una advertencia política. Quien actúe por cuenta propia no contará con el respaldo del gobierno federal. La señal fue inequívoca: la estrategia la define la presidencia, no los gobernadores.

Con Rocha Moya nuevamente apartado del cargo y sin respaldo político visible de la presidenta, la Fiscalía General de la República (FGR) queda en condiciones de avanzar en la investigación del caso Cuén. Ese escenario reduce el riesgo de que una eventual actuación judicial sea interpretada como protección institucional frente a las acusaciones provenientes del gobierno estadounidense.

El episodio exhibe una tensión entre el poder local y el poder federal, así como la determinación de Sheinbaum de no tolerar desvíos de alto perfil en un caso políticamente sensible. Para el gobierno federal, permitir que Rocha Moya retomara el cargo podía agravar la relación con Estados Unidos y ofrecer a la oposición argumentos para acusar al gobierno mexicano de proteger a figuras señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado y el cartel de Sinaloa.

La intervención de la FGR y la detención de Fausto Corrales sugieren que la investigación por el asesinato de Héctor Cuén podría escalar hacia niveles superiores. Al apartarse nuevamente del cargo, Rocha Moya evita una confrontación con el gobierno federal, pero deja su futuro político en una posición seriamente comprometida.

Para el gobierno de la 4T, el caso refuerza el discurso de cero impunidad y fortalece la autoridad presidencial. En cambio, el margen de maniobra de Rocha Moya quedó reducido y su permanencia política depende cada vez menos de su voluntad y más de las decisiones de la presidenta Sheinbaum.