La elección de Carlos Alfredo De los Cobos Sepúlveda, exasesor del alcalde Roberto Loyola Vera (PRI) en el trienio 2012-2015, como nuevo fiscal anticorrupción en Querétaro reavivó la polémica de los llamados “contrapesos” durante los gobiernos del PAN, órganos o fiscalías que son encabezadas por extrabajadores de gobiernos del PAN o PRI.
De los Cobos Sepúlveda, electo por mayoría en sesión de pleno de la LXI Legislatura de Querétaro el jueves 18 de junio, tiene ‘parecido’ a los casos de Enrique De Echávarry, Javier Marra y Víctor Antonio de Jesús: fueron postulados o propuestos por el Ejecutivo estatal a cargo del PAN para ocupar puesto en fiscalías u órganos autónomos, previos antecedentes laborales o paso por gobiernos del PAN y el PRI.
En el caso específico de quien fue electo fiscal anticorrupción en Querétaro, recordar que en mayo de 2012 era consejero electoral del entonces IEQ, renunció horas antes de la votación y después se incorporó como asesor de Roberto Loyola Vera, alcalde de la capital en el periodo 2012-2015 y Secretario de Gobierno con José Calzada Rovirosa (PRI).
De los Cobos Sepúlveda fue propuesto por el gobernador Mauricio Kuri, quien tiene vínculos o redes de parentesco familiar con Mariano Palacios Alcocer, exdirigente nacional del PRI y considerado como uno de los “padrinos políticos” de José Calzada.
Al cierre del sexenio del exgobernador Francisco Domínguez Servién (2015-2021), la Legislatura de Querétaro eligió a Enrique de Echávarry y Javier Marra como titular de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) y comisionado presidente de Infoqro (comisión encargada de hacer cumplir el Derecho de Acceso a la Información Pública y la transparencia en Querétaro), respectivamente.
La Legislatura, integrada en su mayoría por diputadas y diputados del PAN, no cuestionó ni se opuso con fuerza al hecho de que tanto de Echávarry como Javier Marra habían trabajado en el gobierno encabezado por Domínguez Servién: el primero fue coordinador de la USEBEQ, mientras que Javier Marra había laborado en Planeación y Finanzas.
Enrique de Echávarry fue electo en febrero de 2021, mientras que en el caso de Javier Marra la sesión de pleno se realizó a finales de marzo de 2021. El primero fue encargado tres años del órgano encargado de revisar y aprobar las cuentas públicas, antes de que se jubilara en 2024, decisión ratificada por la propia Legislatura. Tres años después, otra polémica señaló al Ejecutivo estatal: la elección del fiscal general de justicia.
En agosto de 2024, antes de que se integrara la LXI Legislatura de Querétaro en la que Morena, PVEM y PT tienen mayoría, Alejandro Echeverría Cornejo “renunció” como fiscal de justicia. Había sido electo para un año posterior a 2024. Vía un proceso caracterizado por imposiciones, violaciones al libre tránsito de la población el día de la sesión de pleno y con uso de reciento que pertenece al Poder Ejecutivo, no al Legislativo; Víctor Antonio de Jesús Hernández fue electo como fiscal de justicia de Querétaro, antes de que el PAN perdiera la mayoría en el Poder Legislativo local.
El fiscal, electo en un contexto de empujones, reclamos e inconformidad en el Centro de Congresos, había laborado en la Secretaría de Gobierno estatal.
En los hechos, gobernadores, diputadas y diputados del PAN en Querétaro replican las formas, procedimientos o decisiones que toma Morena a nivel federal, como la elección de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), posterior a la salida de Alejandro Gertz Manero, quien fue titular de la FGR en el sexenio de López Obrador. Tanto a nivel federal (Morena) como a nivel estatal (PAN), existen elementos para cuestionar y analizar procedimientos que derivan en elección de la (el) “fiscal carnal” o los titulares de los llamados “contrapesos” al Ejecutivo.
Profesor de la UAQ y periodista
