El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, por lo que la ONU México hizo un llamado a nuestro país para que se aplique la ley, con búsquedas efectivas, la reparación del daño y políticas contra el olvido.

Según Amnistía Internacional en su reporte del 2018, se calcula que hay más de 37 mil personas desaparecidas en México y hasta el día de hoy, el gobierno federal se ha negado a recibir en México al Comité Contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU, que ha solicitado la visita desde 2013. Si a las desapariciones forzadas le agregamos los más de 100 mil asesinatos derivados de la lucha contra la delincuencia organizada y agregamos también los secuestros, extorsiones y desplazamientos de personas por violencia, tenemos un panorama desolador de impunidad y nulo acceso a la justicia.

Las recomendaciones de la ONU al respecto son muy claras, es fundamental reconocer el problema y trabajar en los mecanismos de acceso a la justicia y abrirse al escrutinio internacional, por lo que está en duda si la amnistía anunciada por el nuevo gobierno será suficiente para atender una problemática tan compleja.

La idea de ver a nuestro país en un clima de paz y armonía se ha vuelto un camino sinuoso.

Los Foros de Pacificación que organiza el futuro gobierno avanzan en medio de vicisitudes y generan dudas. El planteamiento del perdón-amnistía no encuentra tierra firme, y amenaza con naufragar.

Para desterrar efectivamente la violencia de nuestro país sería un error impulsar una solución simplista de borrón y cuenta nueva a un problema tan complejo, si antes no hay mecanismos de justicia efectiva.

Pretender también que la amnistía sea sólo desde el enfoque de quien comete el delito sería un agravio a la sociedad. Se debe garantizar el derecho que tienen las víctimas a la justicia y resarcimiento del daño.

La amnistía en su forma y planteamiento actual no dejan en claro, aún, a quién va dirigida en primer lugar. La amnistía no puede ser una propuesta arbitraria, tiene que construirse desde un punto de vista objetivo respetando el dolor de las víctimas y buscando mantener el Estado de Derecho. Por lo pronto no es un buen mensaje el anuncio de que el Ejército seguirá en las calles con la misma estrategia de seguridad.