Querétaro es una de las entidades con mayor crecimiento económico y poblacional de México. Ese dinamismo ha traído empleo e inversión, pero también congestión vial, tiempos de traslado cada vez más largos y un transporte público que muchas veces no alcanza a cubrir las necesidades de una población en expansión.

En este contexto, la aprobación de una nueva Ley de Movilidad representa una oportunidad para replantear la manera en que las personas se desplazan por el estado y para definir qué prioridades debe tener la política pública en la materia.

Comprender sus alcances y sus límites es indispensable para que el debate público se base en información y no en percepciones.

El primer aspecto que merece atención es el cambio de enfoque. Durante décadas, la planeación urbana privilegió al automóvil particular: se ampliaron vialidades, se construyeron puentes y se destinó gran parte del espacio público al tránsito de vehículos. Las leyes de movilidad más recientes en el país parten de otra lógica, la de una jerarquía en la que primero están peatones y personas con discapacidad, después ciclistas, luego el transporte público y, al final, el automóvil. Este principio, cuando se aplica de verdad, convierte el derecho a la movilidad en un derecho humano vinculado con la salud, la seguridad y el acceso a otros derechos como la educación y el trabajo.

En segundo lugar, una ley de este tipo debe fortalecer la seguridad vial. Los siniestros de tránsito siguen siendo una causa importante de muertes y lesiones, sobre todo entre peatones, motociclistas y ciclistas. Por ello, resulta fundamental que la norma contemple la reducción de velocidades en zonas urbanas, mejor infraestructura para quienes caminan y pedalean, y una mayor responsabilidad de conductores y empresas de transporte. La seguridad no depende solo de sanciones, sino de un diseño de calles que haga más difícil cometer errores y más probable sobrevivir a ellos.

El tercer punto es la calidad del transporte público. De poco sirve declarar buenas intenciones si los usuarios continúan esperando largos periodos, pagando tarifas elevadas o viajando en unidades en mal estado. Una legislación moderna debería impulsar la integración de rutas y tarifas, la renovación de flotas con tecnologías más limpias, la transparencia en las concesiones y mecanismos para que la ciudadanía evalúe el servicio. Además, la movilidad sostenible contribuye a disminuir la contaminación del aire y las emisiones que agravan el cambio climático, un tema que ya no puede tratarse como secundario.

No obstante, aprobar una ley es apenas el comienzo. Su verdadero impacto dependerá de los reglamentos, del presupuesto asignado, de la coordinación entre el estado y los municipios, y de la voluntad política para sostener las decisiones aun cuando resulten impopulares. También será necesario escuchar a transportistas, colectivos ciclistas, especialistas, empresas y usuarios, porque una política de movilidad que se diseña sin participación social corre el riesgo de quedarse en el papel o de generar conflictos innecesarios.

En conclusión, la nueva Ley de Movilidad de Querétaro puede ser un paso importante si logra traducir sus principios en acciones concretas: calles más seguras, transporte público digno y una ciudad pensada para las personas y no solo para los vehículos.

El reto es considerable, pero también lo es la oportunidad de construir un modelo que sirva de ejemplo para otras regiones del país. Su éxito se medirá no por el texto aprobado, sino por la experiencia diaria de quienes se mueven por el estado.

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