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Una luz de neón con forma de jeringa marca el lugar. El servicio está abierto, sólo hay que registrarse y escuchar las reglas: portar la cantidad mínima de droga, no compartirla, no intercambiar jeringas y no vender sustancias.
Sobre la mesa de cada cabina, parecida a los espacios de un café internet, hay diversos instrumentos y un bote de basura; una infografía señala las zonas del cuerpo para una inyección confiable. Esta sala de consumo supervisado, diseñada por la organización Integración Social Verter AC, es la primera en México y Latinoamérica para que los usuarios de heroína y cristal puedan consumir sin correr riesgos.
“Esta estrategia nace de un programa de reducción de daños dirigido a personas que se inyectan droga, el cual llevamos a cabo desde hace más de 10 años en Mexicali y en el que ofrecíamos intercambio de jeringas, pruebas de VIH, hepatitis C y de embarazo, entre otros servicios”, dice Said Slim Pasarán, coordinador de programas sociales de Verter.
Otro factor que impulsó la creación del servicio fue dar respuesta a una necesidad de la población: según Verter en Mexicali hay entre 3 mil y 5 mil personas que se inyectan sustancias, por lo que es frecuente la apropiación de espacios públicos para usarlos como picaderos clandestinos.
“Los picaderos son bien conocidos, hasta tradicionales, en Baja California, Sonora y Chihuahua. Son espacios públicos y abandonados. A veces ni los elementos de seguridad ingresan, todo mundo los desprecia”, narra.
No es un delito
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016 -2017, Baja California es uno de los tres estados —junto con Jalisco y Quintana Roo— con los índices más altos de consumo de drogas ilegales.
En los picaderos viven personas que usan drogas inyectadas o que están en situación de calle. En ellos “ocurren tragedias como muertes por sobredosis. Son focos de enfermedades como hepatitis C y VIH, incluso mujeres han parido ahí”.
Ante ese panorama, Said, antropólogo social; Lourdes Angulo Corral, administradora pública, y Jaime Arredondo, doctor en salud pública de la Universidad de San Diego, decidieron coordinar la apertura de la primera sala de consumo supervisado en México y Latinoamérica.
La organización recuperó un espacio al lado de su centro comunitario, tras hablar con la dueña: era un local abandonado en el que se picaba. Desde mayo, y a partir del estudio de grupos focales, comenzaron los preparativos del programa piloto.
“Hicimos una revisión de lo legal y de lo técnico, nos asesoramos con funcionarios de secretarías. Este servicio es sin fines de lucro y no se requieren permisos de autoridades de salud para lo que ofrecemos.
“No es un delito que una persona porte el mínimo de droga, y es con ese mínimo como se entra a la sala. No ofrecemos venta ni de distribución. Sólo se supervisa el consumo y se ofrecen otros servicios para que las personas gocen de salud y de derechos humanos”, asegura Said.
El derecho a “picarse”
El programa piloto está abierto y funcionando en el centro de Mexicali desde junio, y por el momento se da sólo a mujeres mayores de edad. Es gratuito y funciona como parte de los servicios que el centro comunitario de la ONG brinda a usuarios de droga, los cuales están financiados y supervisados por Censida e Inmujeres.
La sala cuenta con capacidad para 30 personas al día. Después de registrarse y escuchar las reglas, el consumidor, junto con un acompañante —que también es usuario de drogas activo— entra a un sitio con cubículos independientes y donde hay una bandeja de metal con jeringas, guantes, toallas, agua destilada, espejos, naxalona, para prevenir sobredosis, y tanques de oxígeno.
“No queremos solamente fomentar un consumo seguro, sino aprovechar la estrategia para anclar a esas personas a los otros servicios de la organización: el de control de la hepatitis C y el ejercicio de derechos humanos. También les ofrecemos la posibilidad de iniciar una terapia de sustitución de opiáceos con centros de rehabilitación y apoyo sicológico.
“En las entrevistas [a los grupos focales] nos dimos cuenta de que las personas que consumen piensan que es un lujo tener un lugar digno para picarse, creían que no tenían derecho a él”, menciona.
Con la creación de las salas de consumo, la ONG espera impactar en el ámbito de seguridad pública de Mexicali e incluso planea entregar resultados en tres meses a los gobiernos municipal y estatal para “demostrar que estas estrategias pueden mejorar el entorno”. También se busca disminuir muertes por sobredosis, los picaderos clandestinos y que las autoridades dejen de extorsionarlos.
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