En México, la energía eléctrica dejó de ser hace mucho tiempo un simple servicio público para convertirse en una condición indispensable para el ejercicio de derechos fundamentales.

Sin electricidad no hay acceso pleno a la salud, a la educación, al agua potable, a la vivienda digna ni al desarrollo económico. Por ello, las fallas recurrentes en el suministro eléctrico que se han registrado en Querétaro representan mucho más que una molestia cotidiana: constituyen un problema público que exige atención inmediata y soluciones de fondo.

La Constitución mexicana reconoce la rectoría del Estado sobre sectores estratégicos vinculados al desarrollo nacional. Los artículos 25, 27 y 28 establecen con claridad la responsabilidad estatal en la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, así como en la prestación de los servicios de transmisión y distribución de energía eléctrica. Esta responsabilidad no es meramente administrativa; tiene una profunda dimensión social, ya que de su cumplimiento depende el bienestar de millones de personas.

Bajo este marco jurídico, la Comisión Federal de Electricidad no sólo es una empresa pública encargada de suministrar energía. Su mandato también implica contribuir a la justicia energética, garantizando que la electricidad llegue de manera continua, segura, suficiente y asequible a todos los sectores de la población. Cuando el servicio falla de forma reiterada, se debilita la capacidad del Estado para proteger condiciones mínimas de igualdad y desarrollo.

Las consecuencias de los apagones son mucho más severas de lo que a veces se reconoce. En los hogares provocan la pérdida de alimentos, daños en electrodomésticos y dificultades para conservar medicamentos que requieren refrigeración. Para personas que dependen de equipos médicos conectados a la red eléctrica, un corte de energía puede representar incluso un riesgo para su integridad física. La afectación, por tanto, trasciende el ámbito de la comodidad y se convierte en una cuestión de seguridad y salud pública.

A nivel comunitario, la situación también resulta preocupante. Los sistemas de bombeo de agua potable dependen en gran medida de la energía eléctrica, por lo que las interrupciones del suministro repercuten directamente en el acceso al recurso hídrico. Además, la falta de alumbrado público incrementa la percepción de inseguridad, limita la movilidad y afecta la calidad de vida de las familias.

En el plano económico, los efectos son igualmente significativos. Querétaro se ha consolidado como uno de los polos industriales más importantes del país, con sectores estratégicos como el automotriz, aeroespacial y manufacturero. Sin embargo, los cortes de energía y las variaciones de voltaje generan pérdidas económicas, retrasos en los procesos productivos y costos adicionales para empresas de todos los tamaños. La competitividad de una región depende, entre otros factores, de la confiabilidad de su infraestructura energética.

Los reportes acumulados durante los últimos meses evidencian que el problema no es aislado ni circunstancial. Las afectaciones se han presentado tanto en zonas urbanas como rurales, impactando hogares, comercios, industrias y servicios públicos. Las manifestaciones ciudadanas y las quejas constantes reflejan un nivel creciente de inconformidad ante respuestas que muchas veces son percibidas como insuficientes.

Frente a este panorama, la CFE debe asumir con plena responsabilidad la urgencia del problema. Resulta indispensable fortalecer los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, modernizar la infraestructura de distribución, ampliar la capacidad de respuesta ante contingencias y establecer mecanismos permanentes de coordinación con autoridades estatales y municipales. La atención oportuna de los reportes ciudadanos también debe convertirse en una prioridad.

Garantizar un servicio eléctrico confiable no es únicamente una obligación técnica ni un objetivo administrativo. Es una condición esencial para proteger derechos, preservar la seguridad de las familias, asegurar la continuidad de los servicios públicos y sostener el crecimiento económico de Querétaro.