En la primera etapa de la investigación del caso Ayotzinapa, elementos federales torturaron y sometieron a tratos inhumanos y degradantes a 34 personas detenidasconcluye un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El organismo analizó los casos y entrevistó a 33 hombres y una mujer relacionados con los hechos registrados el 26 y 27 de septiembre de 2014, y aseguró que “cuenta con fuertes elementos de convicción de que dichas personas habrían sido sometidas a tortura, así como a otras violaciones de derechos humanos, entre septiembre de 2014 y enero de 2016”.

“El propio expediente judicial provee una amplia evidencia de estas presuntas violaciones a los derechos humanos. En todos los casos analizados, los individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura.

"Los hallazgos encontrados a partir del expediente corroboran las declaraciones de las 34 personas detenidas entrevistadas por la Oficina”, señala el documento “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”.

La ONU-DH precisó que los detenidos fueron sometidos a golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y diversas formas de tortura psicológica por personal de la PGR, principalmente de la SEIDO y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como elementos de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina.

“En varios casos habría amenazas de violación sexual a las mujeres familiares de las personas detenidas”, destacó.

Además, la Oficina del Alto Comsionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México subrayó que existe una serie de declaraciones autoinculpatorias “libres y espontáneas hechas por los detenidos al ante los elementos aprehensores.

Ante los hallazgos, la ONU-DH pidió a la PGR realizar “en un plazo razonable, las investigaciones correspondientes a identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos descritos en el informe”.

La ONU señaló que la investigación se basó en documentos oficiales y entrevistas.

De anularse esas 34 declaraciones, la versión oficial de la desaparición de los 43, calificada por el exprocurador Jesús Murillo Karam como “verdad histórica”, quedaría sin fundamento al estar basada, fundamentalmente, en esos testimonios.

Esa tesis sostiene que después de que los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa fueran atacados el 26 de septiembre de 2014 por policías locales en la localidad de Iguala, al sur de México, que los entregaron a un grupo del crimen organizado, el cual los quemó en un basurero y tiró sus restos a un río cercano.

Un grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trabajaron durante un año en el país ya había desmentido en 2016 esta versión, porque a su juicio carecía de pruebas científicas que la sustentaran. Ellos habían encontrado que al menos 17 de los detenidos habían sido torturados. Ahora la ONU eleva el número de casos y aporta nuevas evidencias.

Las autoridades federales no han comentado sobre el reporte de la ONU, aunque hace un par de semanas dijeron ante la Comisión Interamericana que de todas las denuncias de tortura sólo dos casos habían arrojado resultados positivos.

Con información de AP

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