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La creación de la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar el caso Iguala será analizada en definitiva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con los estrados de la Corte, el ministro presidente Luis María Aguilar Morales desechó por notoriamente improcedente la solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) para atraer los recursos de revisión extraordinaria promovidos contra las sentencias de amparo que ordenaron crear la Comisión, emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito.
De este modo, será el Colegiado el que resuelva los recursos por lo que el ministro Aguilar Morales destacó que independientemente del sentido de las resoluciones que dicten los magistrados, será la SCJN la que analizará en definitiva los alcances de las sentencias que desconocieron la investigación realizada hasta ahora por la PGR sobre el caso Iguala.
"Debe destacarse que lo que al efecto se resuelva, con independencia de su sentido, necesariamente será materia de análisis por este Alto Tribunal", afirmó.
El ministro presidente urgió al Colegiado a emitir una resolución sobre la imposibilidad que la PGR y otras instancias federales han argumentado para no cumplir con la sentencia.
“Solicítese al Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito que, a la brevedad, emita la determinación que considere pertinente en el incidente sobre imposibilidad para cumplir la sentencia, y con independencia del sentido de esa resolución, remita a este Alto Tribunal el asunto", dictó.
El caso será revisado por la Corte mediante la tramitación de un incidente de inejecución de sentencia.
"Resulta necesario que este Alto Tribunal analice si la sentencia es congruente con la litis planteada, y en su caso aclare las imprecisiones que contenga, para que sean acordes con el acto reclamado", agregó el ministro.
Hasta ahora, el Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito ha sido la única autoridad que se ha pronunciado sobre la imposibilidad alegada por diversos actores públicos.
En julio pasado indicó que existe “imposibilidad jurídica” para cumplir las sentencias únicamente con relación a la creación de la Comisión al considerar que la misma resultaría violatoria de la facultad exclusiva del Ministerio Público para investigar delitos.
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