El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno, analizará los protocolos y la actuación de los servidores públicos que intervinieron en el caso de Nancy, informó el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres.
Explicó que recibió instrucciones del gobernador, Francisco Domínguez Servién, para revisar el proceso y generar propuestas que mejoren las garantías de seguridad para las mujeres que son víctimas de violencia.
Cabe recordar que Nancy fue asesinada en el municipio de Tequisquiapan, fue atacada con un arma de fuego cuando dejaba a su hija en el colegio, contaba con mecanismos de protección del estado debido a la violencia de la que era objeto por parte de su expareja.
Por este hecho, el mandatario estatal aseguró que se revisarán todos los protocolos, desde los de orden administrativo hasta las que tienen que ver con la protección de las víctimas, la actuación policiaca —en este caso con agentes municipales de Tequisquiapan— los protocolos del Instituto Queretano de las Mujeres y los del sistema estatal de víctimas; además se le va a solicitar a la Fiscalía que participe de esa revisión.
Confirmó que Domínguez Servién estuvo enterado de la petición de Nancy e instruyó que se atendiera de forma inmediata el caso a través de asesoría en el IQM; por otro lado, se procedió a realizar una denuncia por violencia ante la Fiscalía General del Estado (FDE), todo ello a partir de una aparente tentativa de robo en el domicilio de la hoy occisa.
Aseguró que los protocolos de actuación y protección están apegados a mecanismos nacionales, incluso internacionales, por lo que deben revisar qué fue lo que ocurrió en este hecho.
Juan Martín Granados dio a conocer el perfil del presunto autor intelectual, el cual exige la revisión minuciosa pues se trata de un ex militar chileno, es profesionista en sicología y ostenta las nacionalidades chilena y sueca; además se informó que el inculpado contrató a dos migrantes hondureños, uno de ellos —quien aparentemente privó de la vida a Nancy— es menor de edad.
La revisión de los protocolos constará de tres etapas: la realización de un dictamen que deberá ser emitido por cada instancia participante —tomará de dos a tres semanas—; en segunda fase se harán las adecuaciones que serán puestas a disposición de la sociedad civil, y posteriormente, se generarán las propuestas de modificación de Ley que sean necesarios, o bien, la adecuación de reglamentos.
Esto implicará una nueva capacitación para los servidores públicos, y hacia la ciudadanía para que identifique los procesos y pueda denunciar cuando no se apliquen correctamente.
