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Con el fin de abonar a la transparencia, se turnará a los colegios de profesionistas, entre ellos el de abogados y contadores públicos, los expedientes de las cinco concesiones de servicios públicos que se otorgaron durante la administración municipal pasada, acción con la cual se busca aclarar cualquier duda de la presunta irregularidad en la asignación de los contratos respectivos.
El secretario de gobierno, Apolinar Casillas Gutiérrez, precisó que los expedientes que analizarán los colegios de profesionistas son la instalación de parquímetros, el sistema de bicicletas compartidas; la explotación de la señalización urbana; la colocación y uso de las pantallas de publicidad; el sistema de recolección de residuos sólidos no peligrosos; y el arrendamiento financiero para las luminarias.
Por otra parte, el coordinador de Gabinete, Darío Malpica Basurto dio a conocer que durante el proceso de entrega-recepción se revisaron más de tres mil 300 documentos, de los cuales se desprendieron un total de 374 observaciones de las 21 secretarías
Las dependencias con más observaciones son: la Secretaria de Obras Públicas con 50; la Secretaria de Finanzas, 49; la Secretaría de Administración, 45; el sistema municipal DIF, 40; y la Secretaría de Gobierno y el Instituto municipal de Planeación con 27.
El pasado 13 de noviembre, refirió, concluyó el plazo para que los funcionarios de la pasada administración contestaran las observaciones referidas, lo cual cumplieron en su totalidad.
Precisó que en estos momentos se está en la etapa en la que cada uno de los titulares de las áreas administrativas que hicieron las observaciones y señalaron irregularidades, realicen un informe a la Auditoría Municipal de Fiscalización, para dar a conocer si éstas fueron o no solventadas.
“En caso de que se hayan resuelto satisfactoriamente, así se comunicará, y el procedimiento quedará cerrado. En caso de que se considere que persisten las observaciones, comenzará otra etapa del procedimiento, la Auditoría Municipal de Fiscalización iniciará una investigación para determinar por qué no se solventaron y para evaluar si hay o no probable responsabilidad del funcionario correspondiente”, manifestó.
Casillas Gutiérrez dijo que el proceso de entrega-recepción concluye en seis meses; sin embargo, si es detectada una irregularidad se ejercitarán las acciones que indica la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, independientemente si fue asentada la observación.
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